Nueva campaña para que los universitarios se comprometan en la integración de sus compañeros discapacitados

La Unión de Autónomos de UGT cree que el Presidente de la Cámara sólo defiende los intereses de las grandes empresas

El 1 de octubre entra en vigor el Real Decreto 581/2001 que establece la prohibición del uso de munición de plomo en la caza y tiro deportivo en determinadas zonas húmedas. Sin embargo, la oposición del colectivo de cazadores y las excepciones utilizadas por algunas administraciones autonómicas pretenden retrasar nuevamente dicha prohibición.

El lunes 1 de octubre, nueva reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo

WWF/Adena ha presentado alegaciones contra del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Montgó, que contempla la protección de la franja marina desde la bahía de Denia hasta la de Jávea, incluida la actual Reserva del Cabo de San Antonio. En esta zona -propuesta como Lugar de Importancia Comunitaria para la Red Natura 2000- se excluyen de una protección efectiva dos áreas próximas a los actuales puertos al declararlas Áreas de Compatibilidad de Actividades Portuarias, dentro de la zona marina de uso moderado. Los efectos ambientales de esta presunta compatibilidad contribuirán a la desaparición de las praderas de Posidonia entre otras especies protegidas. Si la zonificación propuesta se mantiene, la Generalitat Valenciana se expone a sanciones de la UE por incumplimiento de varias Directivas Europeas.

La Unión de Autónomos de UGT insta al Gobierno a promulgar un Estatuto del Trabajador Autónomo

Concentración de delegados y Asamblea de trabajadores en Valencia por la visita de Alfredo Saénz

Por sentencia de 13 de septiembre de 2001, la Sala Quinta del Tribunal Europeo de Justicia ha declarado que "el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, al no haber adoptado, en el plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para designar a las autoridades competentes" para la aplicación de la Directiva citada, más conocida como Directiva Marco de Calidad del Aire. Esta declaración va acompañada de una condena en costas, al haber perdido el Gobierno español el proceso.

Los PGE 2002 presentados no son creíbles en su elaboración ni son los adecuados para afrontar la situación actual de la economía española.

Propuestas de CC.OO.