Obviando la experiencia internacional y pese al deficiente funcionamiento de los 8 nuevos hospitales (abiertos hace ya 20 meses), el PP tiene urgencia por llegar al 2011 con la mayor parte de la red hospitalaria en manos privadas (se acaba de adjudicar a Ribera Salud el futuro hospital de Torrejón y próximamente se licitaran Carabanchel, Villalba y Móstoles-); anunció la reforma de los grandes hospitales –La Paz, Marañón…- para su posible cesión posterior a empresas privadas ; la red de primaria y la de salud mental cada vez más deterioradas; cerrando los laboratorios públicos (Vallecas, Coslada, Aranjuez…) para trasladar el “negocio” al nuevo Laboratorio Central privado de Ribera Salud….. Al mismo tiempo, ha establecido las bases para instaurar un “mercado sanitario”, en el que, con la disculpa de ofrecer “libertad de elección” a los pacientes, se implantará un sistema de competencia entre los centros sanitarios por el dinero público que suponen los pacientes rentables (los “no rentables” lógicamente no serán interesantes). Las reformas, de un calado brutal, quizás no admitan vuelta atrás, gobierne quien gobierne en 2011.

Mientras, en diferentes lugares de Gran Bretaña se está dando marcha atrás en el proceso de privatización. Así, en Gales, un hospital ha decidido no subcontratar más servicios de limpieza ni cocina tras 7 años con contratas privadas [1]. El rescate del servicio de limpieza, es resultado del acuerdo, entre el Partido Laborista y Plaid Cymru (partido nacionalista galés), dominado “One Wales” por el que se dejarán de ofrecer los contratos de limpieza del NHS al sector privado en un compromiso por “mantener un NHS con gestión y financiación pública”. Según la Ministra de Salud galesa, Edwina Hart, la modificación se hizo para “mejorar la eficacia al largo plazo, esperando que el sistema nuevo mejorará el cuidado de los pacientes, a la vez que abre oportunidades profesionales a la plantilla”, lo que choca con el discurso dominante entre los políticos de Madrid de que las empresas privadas son capaces de dar mejores servicios que el sector público en lo que llaman erróneamente “servicios no sanitarios”, algunos de ellos como la limpieza, en el que la experiencia ha demostrado que su privatización tiene una relación clara con el aumento de las infecciones hospitalarias, es decir, con los resultados sanitarios.

Más recientemente el Parlamento Galés [2] ha anunciado la posibilidad de derogar el sistema de mercado interno (similar al que el PP ha aprobado para Madrid mediante la “Ley de libertad de elección /Área Única). Las razones esgrimidas por la Asamblea de Gales para la abolición del mercado se basan en su “infra-utilización y en la carga de burocracia innecesaria que ha generado”. La ministra de salud declaró que “esta propuesta tiene como objetivo la realización de proyectos administrativos efectivos para lograr la mejora de los servicios sanitarios y representa nuestro deseo de apoyo y colaboración para alcanzar una mayor eficacia en los servicios públicos”. También se anunció la disminución de la burocracia (que se había incrementado paralelamente al proceso de privatización) mediante la reducción del 70% del número de organismos responsables de la gestión sanitaria.

En cuanto a Escocia [3], ya en 2008 su Secretaria de Sanidad, Nicola Sturgeon, propuso al Parlamento la aprobación de una ley “que impida que las empresas mercantiles puedan gestionar servicios sanitarios de atención primaria” [4], medida que contrasta radicalmente con lo que está sucediendo en Inglaterra, donde se está potenciando la entrega a proveedores privados de la atención primaria. Esta medida anti privatizadora fue anunciada en el congreso anual de la Asociación Médica Británica (BMA), en el que Sturgeon aseguró que su partido intenta cerrar “el resquicio legal” que permite que los gerentes sanitarios puedan contratar a empresas con ánimo de lucro. En el mismo congreso, Sturgeon aseguró que, en sanidad, había una “batalla ideológica” entre Inglaterra, que defiende los valores del mercado y la competencia interna y “los valores del servicio público, de colaboración y cooperación” que defiende Escocia, donde el Servicio Nacional de Salud va a continuar siendo de “propiedad y gestión pública”.

Igualmente el gobierno escocés ha paralizado la aplicación del modelo PFI/PPP (que tanto le gusta a Esperanza Aguirre) para sus hospitales [5]. Así, la construcción de un gran hospital en Glasgow será financiada con fondos públicos. Al contrario que la propaganda oficial de la Comunidad de Madrid que sigue defendiendo las ventajas de ceder a empresas privadas por 30-60 años la propiedad de los centros sanitarios, asegurándolas así grandes beneficios en un momento de incertidumbre económica, el primer ministro escocés Alex Salmond afirmó que “si financiamos de esta manera todo el proyecto –públicamente-, nos aseguramos que cumple los criterios establecidos, es asequible y sostenible, y representa la mejor relación calidad-precio para el contribuyente" [6].

En definitiva, deberíamos de aprender de la experiencia de aquellos que comenzaron a utilizar este modelo en la década de los 90, y que han visto comprometidos sus presupuestos sanitarios (por el elevado peso que supone la deuda comprometida para el pago de esas infraestructuras durante décadas), hasta el punto de que sus sistemas sanitarios han comenzado a estar gravemente afectados.