Vanessa Jiménez más conocida como la niña de Cristal, ha editado un libro con Ediciones Letra Clara.

Los operadores de telefonía fija están obligados a ello según una Orden aprobada en 2002 por el Ministerio de la Presidencia.

UGT, ante las opiniones de la CEOE sobre la convocatoria de huelga general de dos horas convocada para el 10 de abril.

Empeora la estabilidad en el empleo y el descenso
del paro en marzo es el menor en este mes desde 1995.

No a la Guerra, Contra sus repercusiones laborales, económicas y sociales.

Para CC.OO. indica la insuficiencia de las políticas de insercion laboral desarrolladas desde los presupuestos públicos.

Los contratos españoles vulneran el Código de Conducta de la UE. Las ONG lamentan el nivel de transparencia y control en el comercio de armas del Gobierno español.

Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y Médicos Sin Fronteras, ONG de la campaña "Adiós a las armas", alertan que muchos de los contratos armamentísticos españoles vulnerarían el Código de Conducta sobre Transferencias de Armas de la Unión Europea de hacerse efectivos. Esta afirmación se desprende del informe Alerta 2003: Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autí­Â²noma de Barcelona (UAB) que se presenta hoy en rueda de prensa.

El Parlamento ha aprobado hoy la nueva Ley que regulará la liberación al medio ambiente de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), transponiendo una Directiva Europea del año 2001. Los representantes del Grupo Socialista y de Izquierda Unida han lamentado que, pese a las enmiendas presentadas en el Parlamento y en el Senado, salga adelante una ley que deja de lado el principio de precaución y que aumenta la confusión y el riesgo para la salud y el medio ambiente. A pesar de que la portavoz del Grupo del Gobierno ha afirmado que esta ley contiene todas las exigencias de la Directiva Europea, lo cierto es que esta Ley no respeta la filosofía de la Directiva Europea.

Las tres últimas leyes, cada vez más restrictivas, sólo han conseguido que, a pesar de haber pasado en Madrid de 248.000 inmigrantes empadronados a cerca de 530.000, la mitad de los cuales estén en situación irregular.