Sin haberse practicado gran parte de las pruebas solicitadas por ADICAE y que podrí­an llevar a esclarecer la situación, la Juez Teresa Palacios trata de cerrar la continuación de la investigación a pesar de no haberse clarificado ni una décima parte de la estafa. El cierre de la investigación se produce a pesar del absoluto desconocimiento del destino de más de 108 millones de euros defraudados y sin haber llamado a declarar a personas cuya implicación o relación directa con los hechos es evidente.

Este mediodí­a el Juzgado Central 3 de instrucción de la Audiencia Nacional, comunicaba un Auto por el que se determina la finalización del perí­odo de instrucción, es decir, a través del cual se da por terminada la investigación sobre el fraude de Gescartera. Junto a este Auto también la jueza dicta otro por el que, inexplicablemente y sin más fundamento que la remisión a los -criterios del Ministerio Fiscal- rechaza la solicitud de ADICAE de llamar a declarar como imputados a diversos miembros de la CNMV. Una vez más, el verano parece ser la época escogida para el escándalo, aprovechando las vacaciones de gran parte de la población.

ADICAE recurrirá tanto el auto del inaceptable cierre de la instrucción como el de denegación de la declaración como imputados de diversos miembros de la CNMV, pues ambos atacan y vulneran de forma inaceptable el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de las más de 1.200 familias afectadas agrupadas en torno a ADICAE y de todos los perjudicados en general. De hecho, con el cierre de la instrucción y la apertura de juicio oral se impide que declare ante la Audiencia Nacional ningún nuevo implicado más, lo que en la práctica se traduce en que pueda estar intentándose -liquidar- el mayor escándalo financiero al que los españoles han asistido con la condena que pueda imponerse a unos pocos imputados que asuman el papel de -cabezas de turco-, sin que se esclarezca lo ocurrido ni se obtenga para los afectados la restitución de los perjuicios causados, lo cual pone en duda de manera grave y preocupante la eficacia del sistema judicial. Y desde luego, el auto de cierre de la instrucción parece la respuesta de la Audiencia Nacional a la insistencia de ADICAE de llamar a declarar a los responsables de la CNMV y otros implicados.

En estas circunstancias, la pretendida búsqueda de confianza manifestada por las instituciones de supervisión se ve fuertemente dañada y truncada por los comprobados ineficacia y desinterés de todo un aparato administrativo y judicial supuestamente garante de los derechos de los usuarios.

Sin perjuicio de los recursos a interponer ante tal despropósito en las diferentes instancias posibles, los servicios jurí­dicos de ADICAE valoran la posibilidad de dirigirse al Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, la Asociación solicitará reunirse con el Ministro de Justicia para trasladarle personalmente y en detalle la realidad de la situación y lo inaceptable de la misma, exigiendo el estudio de las medidas oportunas que permitan evitar este tipo de situaciones preservando en todo caso la independencia del poder judicial.

ADICAE advirtió hace ya unos meses del sospechoso cariz que tomaba el proceso con la retirada de los diferentes partidos polí­ticos que estaban personados como acusación, y llamó la atención sobre la posibilidad de que se pretendiera cerrar el caso en falso. El tiempo por desgracia nos da la razón, en un escándalo sin precedentes en la justicia española y que manifiesta un absoluto desinterés por aclarar lo ocurrido y determinar las responsabilidades oportunas.