Los consumidores pagamos en dos conceptos la seguridad de disponer de una determinada
– cantidad- de electricidad: el término de potencia (parte sustancial del recibo) y la garantí­a de servicio (porcentaje sobre el consumo). No es, pues de recibo, que las compañí­as se escuden en el exceso de demanda para justificar estas suspensiones de servicio. Es inaceptable como argumento la fuerza mayor para una situación que se viene repitiendo año tras año a lo largo y ancho de toda la geografí­a nacional.

El compromiso con los consumidores que pagan religiosamente sus recibos le debe obligar a hacer las previsiones e inversiones suficientes en las redes de media y baja tensión (las que mayores deficiencias presentan según indicó la CNE) para evitar que una mayor demanda en un momento concreto haga que se caiga el sistema.

La OCU entiende que sólo con un sistema automático (en la actualidad los consumidores sevillanos no serán compensados -irrisoriamente- hasta el primer trimestre de 2005, siempre y cuando la compañí­a no demuestre la fuerza mayor) de indemnizaciones suficientemente disuasorio, las compañí­as eléctricas se tomarí­an en serio su compromiso con los usuarios y pondrí­an en marcha las medidas oportunas para que este tipo de situaciones no se produzcan. En la actualidad, la situación de los usuarios domésticos es de una desoladora impotencia. Las compañí­as se niegan a hacer frente a las consecuencias, muchas veces irreparables, de su incuria y todos los mecanismos de reclamación resultan inviables el régimen indemnizatorio existente es absolutamente insuficiente.

Por ello, la OCU considera que sólo con un sistema de indemnización realmente disuasorio que contemplara una compensación superior a las cantidades abonadas por los conceptos de término de potencia y garantí­a de servicio las compañí­as eléctricas tomarí­an las medidas necesarias para la desaparición de los apagones. La OCU pide, asimismo, a la administración que extreme el control en estas situaciones y actúe con toda la contundencia que le permite la ley para garantizar el suministro de un servicio absolutamente imprescindible para mantener la calidad de vida de los consumidores.