La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha solicitado información a la directora general de Consumo y Atención al Ciudadano del Ministerio de Sanidad y Consumo, Angeles Marí­a Heras Caballero, sobre el estado de las actuaciones anunciadas por el Instituto Nacional del Consumo (INC) el pasado febrero para acabar con los redondeos al alza ilegales que se producen en la facturación de las llamadas realizadas desde y hacia teléfonos móviles.

En sendas denuncias presentadas por FACUA en noviembre y diciembre de 2003 ante el INC y otros organismos contra los operadores de telefoní­a fija, por cable y móvil, la Federación puso de manifiesto, con el posterior e importante apoyo del Defensor del Pueblo, que el cobro de segundos de conversación no consumidos por los usuarios vulnera la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que considera abusivas aquellas condiciones que impongan incrementos de precios por servicios no prestados.

El 19 de febrero, los ministerios de Sanidad y Consumo y de Ciencia y Tecnologí­a (cuyas competencias en telecomunicaciones han pasado con el Gobierno del PSOE al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) anunciaron que constituirí­an dos grupos de trabajo con las compañí­as de telefoní­a para -evitar el redondeo y conseguir transparencia de precios- a fin de que éstos -sean reflejo del servicio realmente prestado-. Por su parte, el INC dio respuesta al expediente abierto por FACUA indicándole la creación de dichos grupos.

Las denuncias de FACUA plantean que las compañí­as de telefoní­a redondean al alza de un minuto todas las llamadas realizadas desde y hacia móviles con duración inferior al mismo, ingresando con ello miles de millones cada año por segundos de conversación que no llegan a consumirse. En el caso de las tarjetas de prepago, las llamadas de duración superior también se redondean al alza hasta alcanzar fracciones de treinta segundos.

En el caso de las compañí­as de telefoní­a móvil, FACUA calcula, sobre la base de estimaciones muy a la baja, que en sólo en el año 2002 Movistar, Amena y Vodafone pudieron aplicar irregularmente estos redondeos a unos 10.000 millones de llamadas, reportándoles ingresos extra de en torno a 1.175 millones de euros, nada menos que el 20% de los 5.884 millones que facturaron ese año.

Recientemente, el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid condenó a varios aparcamientos públicos a eliminar la cláusula de pago -por hora o fracción- de sus condiciones generales. FACUA recuerda que la base jurí­dica utilizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, artí­fice de la demanda, es la misma que la esgrimida por la Federación en las denuncias presentadas contra las compañí­as de telefoní­a.