18 de mayo de 2004

La primera gran "laguna" normativa es la falta de legislación sobre responsabilidad por daños a la salud y al medio ambiente. Las mismas compañí­as biotecnológicas que afirman insistentemente que los transgénicos carecen de riesgos, se resisten a que se regule la responsabilidad por daños asociados a este tipo de productos, pretendiendo que el riesgo recaiga sobre los agricultores, o en otros eslabones de la cadena productiva.

La segunda grave carencia legislativa es la falta de normas y medidas para frenar la contaminación genética procedente de cultivos transgénicos. Esta contaminación supone un grave perjuicio para el agricultor que la sufre. Pero además es enormemente preocupante a medio plazo, ante la eventualidad de un fracaso de las variedades manipuladas genéticamente en términos de rendimiento o de problemas ambientales y de salud. La Unión Europea, sin embargo, ha establecido únicamente unas Recomendaciones sobre coexistencia, no sólo inaceptables por su planteamiento permisivo y su falta de concreción, sino por tratarse de normas que no son vinculantes.

Por otra parte, se repite insistentemente que no hay datos concluyentes que permitan afirmar que los OMG tienen riesgos ambientales y sobre la salud. Pero, ¿acaso se buscan estos datos?. En Europa se han aprobado variedades transgénicas a pesar de que los propios comités cientí­ficos de los gobiernos habí­an presentado objeciones en el proceso de autorización, por considerar que la inocuidad de los productos no estaba suficientemente demostrada. Y la Comisión Europea no es la primera vez que autoriza la comercialización de un OMG obviando el voto en contra de varios gobiernos en las sesiones del Consejo.

En el caso del Bt 11 de Syngenta, la importación de este maí­z, insecticida y resistente a un herbicida y destinado al consumo humano, preocupa de forma especial a varios gobiernos europeos, que han cuestionado su seguridad. Bélgica ha señalado que el análisis molecular revelaba datos inquietantes, como la presencia de fragmentos de ADN inesperados; el gobierno de Austria no está conforme con los informes aportados por Syngenta, objetando la carencia de análisis toxicológicos, de pruebas sobre los efectos a largo plazo del consumo de la proteí­na transgénica y de pruebas alergénicas adecuadas; y los informes del propio Comité Cientí­fico para los Alimentos europeo afirman que la compañí­a ha aportado una evidencia escasa sobre la seguridad del producto.

En opinión de Ecologistas en Acción, es lamentable que cuando se mueven grandes intereses comerciales, como los 1,8 billones de dólares que Estados Unidos reclama en su denuncia de la moratoria europea ante la OMC, las decisiones "independientes" de algunas administraciones empiezan a ser menos independientes, y su responsabilidad de velar por la salud del medio ambiente y de las personas pasa a un segundo plano.