La Comisión Europea autorizará mañana, casi con toda probabilidad, la importación y procesamiento de un nuevo maí­z transgénico -el primero desde la implantación de la moratoria en 1999- en la UE. El organismo ejecutivo de la Unión tomará esta decisión a pesar de que el pasado 26 de abril esta variedad de maí­z dulce para consumo humano no recibió el respaldo del Consejo Europeo de Ministros de Agricultura. Se trata por lo tanto de una decisión polí­tica que dará al traste con la moratoria de facto sin el apoyo de la mayorí­a de Estados miembros.

Este maí­z, denominado Bt-11, fue sometido a un proceso de evaluación de riesgos bajo una normativa obsoleta y anterior a la moratoria, el Reglamento (EC) 258/97. Este proceso estuvo rodeado de polémica y, desde entonces, la Agencia de Seguridad Alimentaria francesa, la Agencia Federal Medioambiental austriaca y organismos públicos de Bélgica han planteado serias dudas sobre la validez del proceso y la seguridad de este maí­z que ponen en entredicho tanto la veracidad de los datos ofrecidos por la empresa multinacional dueña de esta variedad, Syngenta, como de la evaluación del Comité cientí­fico de alimentos de la UE (hoy, agencia Europea de Seguridad Alimentaria).

Greenpeace se pregunta por qué la Comisión europea pretende aprobar el maí­z Bt-11 cuando no se dan las condiciones para garantizar la inocuidad de este tipo de cultivo para el medio ambiente y para la salud y cuando la mayorí­a del público europeo no quiere comida transgénica en sus platos, ni organismos modificados genéticamente en el campo" -ha declarado Juan Felipe Carrasco, responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace. "Es vergonzoso que la UE apueste por defender los intereses de las corporaciones a costa de lo consumidores y del medio ambiente".

El Bt 11 es precisamente el maí­z que transportaba el buque Winner procedente de Argentina en el que, el pasado 28 de abril, activistas de Greenpeace protagonizaron una acción de protesta. La compañí­a Nidera, propietaria del cargamento de soja y maí­z, se negó entonces a identificar el tipo de mercancí­a y no permitió a Greenpeace analizar la documentación de la carga. Sin embargo, los resultados de los análisis practicados a las muestras tomadas en el transcurso de la acción confirman las sospechas de la organización: tanto la soja como el maí­z contení­an transgénicos. En el caso del maí­z, además de la presencia de Bt 176 -el maí­z que España lleva cultivando en solitario en la UE desde 1998 y que está directamente vinculado a graves impactos ambientales, sanitarios y económicos-, el barco transportaba un maí­z ilegal para consumo humano: el Bt 11.

La nueva legislación sobre etiquetado y trazabilidad, vigente desde el 18 de abril de este año, obliga a etiquetar todos aquellos alimentos o piensos que contengan derivados de cultivos transgénicos autorizados por la UE. Sin embargo, en lo que se considera un serio ataque a la seguridad alimentaria y al medio ambiente, existe una medida transitoria que permitirá, durante los próximos 3 años, la presencia en nuestros alimentos, sin obligatoriedad de etiquetar, de hasta un 0,5% de determinadas variedades que aún no hayan sido autorizadas, como el maí­z Bt 11.

Greenpeace exige al Gobierno español que, mientras los transgénicos no estén prohibidos, al menos se aplique la legislación en vigor, se inspeccione inmediatamente la documentación, se investiguen los usos que Nidera haga de este maí­z y se hagan públicos los resultados. Este tipo de inspecciones deben realizarse en cualquier barco que pudiera contener trasngénicos. "Ante la duda de si será utilizado para consumo animal o humano y en qué porcentajes, ante la falta de información sobre la naturaleza del conjunto de este cargamento y sobre si cumple o no con las nuevas normas de etiquetado, que las autoridades aduaneras y sanitarias no controlen la entrada de transgénicos es una absoluta falta de responsabilidad", ha declarado Carrasco.

Greenpeace espera que el Gobierno de Zapatero ponga en marcha los mecanismos de inspección y control que exige la legislación europea e internacional y que el anterior gobierno pasó por alto. La organización ecologista defiende el derecho de los ciudadanos a elegir su alimentación, sobre todo teniendo en cuenta los cuatro millones de toneladas de soja y el más de medio millón de de maí­z transgénicos que entran en los alimentos de los españoles sin su conocimiento.