Desde el pasado 1 de enero de 2003, la liberalización de los mercados de electricidad y gas es una realidad para todos los consumidores que ya pueden elegir libremente su suministrador. Sin embargo, según los datos de la OCU, en septiembre de 2003, sólo el 0,1% de los abonados habí­a optado por el mercado eléctrico liberalizado y en el caso del gas, sólo un 1,2%. Estos datos ponen de manifiesto que la liberalización ha sido un fracaso absoluto.

Una de las conclusiones del estudio de la OCU es que abandonar el mercado regulado para acceder al mercado liberalizado no es, por ahora, una buena opción para el consumidor doméstico. La situación actual del mercado liberalizado ofrece más inconvenientes que ventajas y la posibilidad de obtener descuentos respecto de la tarifa es prácticamente nula.

En el sistema regulado las relaciones entre el consumidor y la distribuidora están reguladas por ley: existe un contrato, se paga un precio determinado, las tarifas se fijan y aprueban por norma que entran en vigor el primero de enero (electricidad), se establece cuál debe ser la calidad del suministro, funcionamiento del contador, etc. A juicio de la OCU el consumidor se encuentra protegido por la legislación aunque su ámbito de elección es nulo.

El consumidor que decida "abandonar" el sistema regulado para elegir un comercializador de energí­a apenas verá ahorros en su recibo y, además, quedará sometido a las condiciones generales de un contrato que puede contener (y que de hecho contiene, como ha comprobado la OCU) cláusulas abusivas a favor del comercializador. Además, en el proceso liberalizador, la ley ha determinado que comercializador y consumidor responderán de forma solidaria frente al distribuidor de energí­a, en caso de impago de la tarifa por parte del comercializador. Por todo ello, las expectativas depositadas en este proceso liberalizador no se han visto satisfechas.

El estudio de la OCU se completa con un comparativo de tarifas de gas y electricidad de 9 paí­ses europeos: Alemania, Bélgica, Francia, España, Italia, Luxemburgo, Paí­ses Bajos, Portugal y Reino Unido. Tanto en gas como en electricidad, el consumidor del Reino Unido es el que puede disfrutar de las ventajas de un mercado correctamente liberalizado (desde hace más de cinco años) y esto se refleja en los costes más bajos de Europa. España se sitúa por encima de la media, tanto en electricidad como en gas. El consumidor de electricidad español paga un 38% más que el británico y el de gas, un 96% más.

Para arrojar un poco de luz ante este oscuro panorama e intentar aportar la máxima información al usuario, el equipo técnico de la OCU ha desarrollado una novedosa herramienta que permitirá calcular a los usuarios las diferentes ofertas que reciban de las comercializadoras. Con la introducción de unos datos básicos, el usuario comprobará si le merece la pena salir al mercado liberalizado, y elegir comercializadora, o por el contrario mantener su situación actual. Esta calculadora se encuentra desde hoy mismo en la página web de la OCU, www.ocu.org y durante las primeras semanas podrá ser utilizada por todos los internautas.

Finalmente la OCU considera que para que el mercado liberalizado resulte interesante para los usuarios es necesario, entre otras cosas:

Dotar de mayores garantí­as jurí­dicas a los usuarios, especialmente en lo que se refiere a los contratos que firman con los comercializadores. En la actualidad estos contratos no pasan un control por parte de ningún organismo de la Administración.

Eliminar la responsabilidad solidaria del usuario con la comercializadora en caso de impago, lo cual es inaceptable. La OCU ha exigido al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la CNE que se modifique la norma en este aspecto.

Extender el arbitraje de consumo en el sector de la energí­a como garantí­a para el usuario en caso de reclamación.

Renovar el parque de contadores, instalando aparatos más modernos que faciliten lecturas reales de consumos por horas.

Una información sobre precios accesible a todos. Los precios ofertados por las comercializadoras se deberí­an comunicar al organismo regulador, la Comisión Nacional de la Energí­a (CNE), y a las organizaciones de consumidores. En este punto serí­a necesario revisar la publicidad que algunas distribuidoras hacen de las comercializadoras del mismo grupo, que podrí­a constituir un acto de competencia desleal.

Dotar a la CNE de competencias sancionadoras en materia energética, de forma similar a la función que desempeña el CMT en el sector telecomunicaciones.

Incorporar cuanto antes a nuestro ordenamiento las directivas europeas 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y la 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas.