En su momento, cuando se convocaron las elecciones, la OCU remitió una carta a los candidatos en la que se establecí­an las prioridades que un partido polí­tico deberí­a atender para conseguir que se pueda hablar de una polí­tica de Consumo que gravite en torno a los intereses de los consumidores y que se recogen en el documento "Por una Polí­tica de Consumo con mayúscula". Ahora, tras la manifestación de la voluntad popular y con ocasión de la celebración del Dí­a del Consumidor, es el momento de recordarlas.

1. Establecer un ámbito de responsabilidad independiente y suficiente

La OCU pregunta a los candidatos ¿por qué no un ministerio de Defensa del Consumidor, como ya existe en algunos paí­ses europeos? Puestos a soñar, ¿por qué no un adjunto a la Presidencia del Gobierno, con rango de Secretario de Estado, con responsabilidad en materia de consumo y con capacidad de actuar ante los ministros de los ámbitos que afecten a los consumidores desde un nivel de igualdad en rango? Sólo así­ el mandato constitucional de garantizar "la defensa de los consumidores"¦ mediante procedimientos eficaces" (art. 51.1) podrá empezar a ser cumplido.

2. Potenciar el asociacionismo de los consumidores

A juicio de la OCU, potenciar el movimiento de consumidores exige a) poner en marcha mecanismos de información y formación con la utilización de la fuerza de los medios de comunicación pública, b) ofrecer a las asociaciones de consumidores existentes la posibilidad de utilizar algún espacio en los medios de titularidad publica, para promover la captación de socios, que es mucho más eficaz que la entrega de subvenciones a fondo perdido, c) mantener un constante diálogo adulto con los consumidores a través de cauces creí­bles y rigurosos y d) fijar pautas para la educación en materia de consumo a lo largo de todo el currí­culo educativo de los consumidores más jóvenes para que acaben sus estudios con un bagaje básico de formación en materia de consumo.

3. Crear un órgano de representación de los consumidores independiente y autosuficiente

Un Consejo debe ser, ante todo independiente y representativo. Además debe estar al margen del color del partido que, en cada momento, gobierne. Los intereses de los consumidores son los mismos sea cual sea ese color y su carácter representativo no se alcanzará incorporando a cualquier asociación que afirme defender los intereses de los consumidores sino sólo a aquéllas que demuestren que ése es su auténtico objetivo social, que gozan del reconocimiento social, que cuentan con socios reales y que son independientes.

4. Controlar previamente los contratos de adhesión

Los poderes públicos deberí­an velar, con un control previo, para que dichos contratos, antes de ser impuestos a los consumidores no contuvieran esas cláusulas que, a tenor de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (LGDCU), son ilegales. La realidad es bien distintas: para conseguir el equilibrio en estos contratos de adhesión hay que ir uno por uno y emprender largos y penosos procedimientos judiciales de final incierto, en la medida en que depende de la interpretación de la norma que hagan los jueces en cada una de las instancia que deban entrar a conocer el proceso.

5. Instaurar un procedimiento de solución de problemas de consumo rápido y vinculante

Aunque la reciente reforma de la Ley Procesal ha abierto nuevas ví­as, de indudable interés para los asuntos de pequeña cuantí­a entre los que figuran, con frecuencia, los temas de consumo, judicializar el consumo no es, por supuesto, el camino más deseable. Según la OCU serí­a necesario que al arbitraje, que es un procedimiento rápido y gratuito para la solución de los conflictos en el ámbito del consumo, se añadan elementos que, de facto, induzcan a su aceptación incondicional para el reclamado.

6. Regulación del derecho de huelga en servicios esenciales para la comunidad

El reconocimiento que hace la Constitución del derecho de huelga, que la OCU no cuestiona, tiene un lí­mite: "Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantí­as precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad" (art. 28.2). Resulta obvio que la regulación actual no cumple esta exigencia constitucional y que los servicios mí­nimos, que se establecen con ocasión de las huelgas en esos sectores y cuyo incumplimiento no conlleva ninguna consecuencia para los incumplidores, se han revelado como absolutamente insuficientes.

7. Auténtica Competencia en los servicios de interés general liberalizados

La OCU entiende que deben reforzarse las competencias y el carácter independiente de los órganos reguladores de los mercados liberalizados y que en éste como en otros ámbitos deben potenciarse las funciones del Servicio de la Competencia, dotándole de medios suficientes, agilizando sus actuaciones y dando un carácter ejecutivo y ejemplarizante a sus resoluciones

8. Abrir el comercio y liberalización Comercial

Sin duda, la libertad de horarios comerciales es una asignatura pendiente, especialmente en este año 2004 en que se cumple el plazo establecido al respecto por la actual legislación. Siempre que haya un consumidor que quiera comprar y un comerciante que esté dispuesto a vender, el encuentro debe ser posible. Pero la liberalización de apertura que exige la OCU no se reduce al ámbito del comercio; también a múltiples servicios, como los de la Administración y los financieros, donde acuerdos sectoriales pueden llegar a considerarse restrictivos de la competencia; que los horarios de apertura se ajusten a las conveniencias y necesidades de los consumidores.

9. Facilitar el acceso a la vivienda

El art. 47 de la Constitución no es, al parecer, una prioridad para los aspirantes a gobernar a partir del mes de marzo: "Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho (el de disfrutar de una vivienda digna y adecuada), regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Luchar contra la especulación y poner en marcha un Plan de Vivienda eficaz y evaluable que ayude a acceder a una vivienda (en régimen de alquiler o propiedad) a los consumidores más jóvenes debe ser, a juicio de la OCU; una de las prioridades de un gobierno atento al mandato incumplido de la Constitución y a los intereses del Consumidor.

10. Atender a la Seguridad Alimentaria

Es urgente el desarrollo de la capacidad de gestionar adecuadamente las posibles crisis alimentarias pero, sobre todo, de dotar a la Agencia de Seguridad Alimentaria (ASA), de reciente creación, de medios suficientes y de independencia y de capacidad de decisión en un ámbito cuyo interés para los consumidores es prioritario. La ASA no deberí­a ser, según la OCU, un órgano dependiente de ninguna opción polí­tica, en la medida en que la seguridad alimentaria y las exigencias para garantizarla es la misma sea cual sea la propuesta polí­tica que realice un partido y dependen de la naturaleza del riesgo en cuestión.

11. Racionalizar el uso de los medicamentos

Más allá de las medidas de í­ndole económica para reducir el coste farmacéutico, la OCU urge a poner en marcha medidas que impliquen a todos los protagonistas: médicos, farmacéuticos y usuarios de la sanidad, no sólo porque una adecuada relación con los medicamentos es el camino más seguro para ese ahorro sino porque es una respuesta a la necesidad de una adecuada formación sanitaria.

El texto del documento completo, enviado a los Partidos Polí­ticos, se puede encontrar en la página web de la OCU, www.ocu.org.