La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) reclama al futuro Gobierno que salga de las Elecciones Generales del 14 de marzo la elaboración de una norma que regule los derechos de los usuarios frente a las empresas de suministro domiciliario de agua. FACUA advierte que se trata del único suministro doméstico que carece de una normativa a nivel nacional, estando sometido desde los años 30 a la regulación del sector eléctrico, lo que supone unas evidentes deficiencias que deben ser subsanadas para garantizar la concreción de unos requisitos mí­nimos de calidad del servicio en todo el Estado.

FACUA dedica este año al agua el Dí­a Mundial de los Derechos de los Consumidores, que se conmemora el 15 de marzo, uniéndose a una iniciativa dela Internacional de Consumidores, la organización mundial de la que forma parte junto a unas 250 asociaciones de consumidores de 115 paí­ses. La Federación ha desarrollado una página web, FACUA.org/15marzo, dedicada al Dí­a Mundial.

En España, el suministro domiciliario de agua es una competencia de los Ayuntamientos, que otorgan las concesiones del servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Con la excepción de Andalucí­a, que cuenta desde 1991 con un reglamento especí­fico históricamente revindicado por FACUA, los derechos y obligaciones de los usuarios y las empresas suministradoras únicamente se establecen mediante ordenanzas municipales o los acuerdos que regulan las concesiones, una dispersión que provoca que no estén garantizados unos requisitos mí­nimos de calidad a nivel nacional.

FACUA demanda una norma que regule aspectos como los procedimientos para la aprobación de las tarifas, que deben incluir el trámite de audiencia de las asociaciones de consumidores, las indemnizaciones a percibir si se producen cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros, la periodicidad de lectura de los contadores y facturación, las condiciones de presión y caudal mí­nimas exigibles por los usuarios, los procedimientos y requisitos para las bajas en el servicio, los conceptos incluidos en las facturas y los sistemas para la resolución de reclamaciones, entre los que la Federación reivindica la obligación de que las empresas cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios y señala la necesidad de que estén adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.