La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado sentencia en la que confirma en todos sus términos la anterior del Juzgado nº 5 de Madrid, en la demanda que Aceites del Sur interpuso contra la OCU. Lo hizo por la publicación del análisis de uno de sus productos en su revista OCU-Compra Maestra de enero de 2000. En dicho artí­culo se afirmaba: -Hemos estudiado la adulteración del aceite de oliva y del aceite de oliva virgen con otras grasas y aceites"¦ las pruebas de ECN 42 y trinoleí­na han revelado la existencia de adulteración por adición de semillas en el aceite La Española de 0,4ª-.

Sin embargo, los análisis no nos permiten identificar el tipo de aceite que se añadió, ni en qué cantidad. En cualquier caso, la legislación europea prohí­be la mezcla de aceite de distinta naturaleza. Por esto, Aceites del Sur, propietario de -La Española-, presentó demanda por intromisión ilegí­tima y difamatoria contra su dignidad pública y reputación, pidiendo rectificación y el pago de 200 millones de pesetas de indemnización (1,2 M de euros).

La sentencia de la Audiencia Provincial que, según anunció Aceites del Sur, será recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, constituye, a juicio del Director General de la OCU, José Marí­a Múgica, -un respaldo tan importante, como lo fue en su dí­a la sentencia ahora confirmada del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid, al esfuerzo que la OCU realiza a través de sus análisis comparativos para ofrecer a los consumidores una información rigurosa y veraz-.

La Audiencia Provincial desmonta todos los argumentos de Aceites del Sur con especial atención en su fundamento IV a la protección del derecho de información frente al del honor o la intimidad cuando la información es veraz y se refiere a asuntos públicos de interés general por las materias sobre las que versa. Preferencia, la del derecho a la información, que -despliega su eficacia cuando la información es de interés general o trascendencia pública y veraz y como tal se ha comprobado por el difusor"¦ por ello, en principio, sólo queda protegida por el ordenamiento la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible-. Según el Tribunal, la veracidad es -la diligente búsqueda de la verdad que asegure la seriedad del esfuerzo informativo-.

La sentencia hace luego un breve recorrido por el procedimiento seguido por la OCU en sus análisis comparativos y concluye valorando como argumento de veracidad -el mecanismo de elaboración de los informes, para alcanzar rigor técnico y la defensa de los postulados que informan la actuación de la OCU, en defensa de consumidores y usuarios y la sucesión de fases, algunas con intervención de las empresas interesadas en cada estudio, sometiendo, por tanto, a contradicción las conclusiones, acudiendo a laboratorios independientes y realizando contraanálisis, mecanismo también acreditado por la documentación obrante en autos-.

La OCU ha manifestado su satisfacción por una sentencia tan importante lo que contiene de reconocimiento a la validez del análisis comparativo, principal instrumento de trabajo de las asociaciones de consumidores independientes y con capacidad de autofinanciación que existen en el mundo; instrumento que, por otra parte, pronto cumplirá 75 años desde que lo pusiera en marcha la Consumers\’Union norteamericana.