Lo hizo por la publicación del análisis de uno de sus productos en su revista OCU-Compra Maestra de enero de 2000. En dicho artí­culo se afirmaba:
– Hemos estudiado la adulteración del aceite de oliva y del aceite de oliva virgen con otras grasas y aceites"¦ las pruebas de ECN 42 y trinoleí­na han revelado la existencia de adulteración por adición de semillas en el aceite La Española de 0,4ª. Sin embargo, los análisis no nos permiten identificar el tipo de aceite que se añadió, ni en qué cantidad. En cualquier caso, la legislación europea prohí­be la mezcla de aceite de distinta naturaleza-. Por esto, Aceites del Sur, propietario de -La Española-, presentó demanda por intromisión ilegí­tima y difamatoria contra su dignidad pública y reputación, pidiendo rectificación y el pago de 200 millones de pesetas de indemnización (1,2 M de euros).

La sentencia de la Audiencia Provincial que, según anunció Aceites del Sur, será recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, constituye, a juicio del Director General de la OCU, José Marí­a Múgica, -un respaldo tan importante, como lo fue en su dí­a la sentencia ahora confirmada del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid, al esfuerzo que la OCU realiza a través de sus análisis comparativos para ofrecer a los consumidores una información rigurosa y veraz-.

La Audiencia Provincial desmonta todos los argumentos de Aceites del Sur con especial atención en su fundamento IV a la protección del derecho de información frente al del honor o la intimidad cuando la información es veraz y se refiere a asuntos públicos de interés general por las materias sobre las que versa. Preferencia, la del derecho a la información, que -despliega su eficacia cuando la información es de interés general o trascendencia pública y veraz y como tal se ha comprobado por el difusor"¦ por ello, en principio, sólo queda protegida por el ordenamiento la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible-. Según el Tribunal, la veracidad es -la diligente búsqueda de la verdad que asegure la seriedad del esfuerzo informativo-.

La sentencia hace luego un breve recorrido por el procedimiento seguido por la OCU en sus análisis comparativos y concluye valorando como argumento de veracidad -el mecanismo de elaboración de los informes, para alcanzar rigor técnico y la defensa de los postulados que informan la actuación de la OCU, en defensa de consumidores y usuarios y la sucesión de fases, algunas con intervención de las empresas interesadas en cada estudio, sometiendo, por tanto, a contradicción las conclusiones, acudiendo a laboratorios independientes y realizando contraanálisis, mecanismo también acreditado por la documentación obrante en autos-.

La OCU ha manifestado su satisfacción por una sentencia tan importante lo que contiene de reconocimiento a la validez del análisis comparativo, principal instrumento de trabajo de las asociaciones de consumidores independientes y con capacidad de autofinanciación que existen en el mundo; instrumento que, por otra parte, pronto cumplirá 75 años desde que lo pusiera en marcha la Consumers\’Union norteamericana.