Un año más, el INC, dirigido por Pilar Fabregat, contempla dos tipos de ayudas: unas, dedicadas a proyectos especí­ficos y otras, nada menos que un 40%, dedicadas al mantenimiento de las estructuras asociativas o ayudas directas (alquiler de las sedes, sueldos, suministros como el agua y la luz, etc.). Según el Presidente de la OCU, Carlos Sánchez-Reyes, -ese tipo de ayudas favorece la existencia de múltiples asociaciones de consumidores que, además, nunca desarrollarán un sistema de financiación propia, dependiendo eternamente de la voluntad de los gobiernos de turno-.

La Comisión Europea, por ejemplo, no concede este tipo de ayudas sino que sólo subvenciona (en un 50%) proyectos de interés presentados por las organizaciones de consumidores de los distintos Estados miembros.

Por otro lado, que la buena noticia haya llegado a pocas semanas de las elecciones, garantiza al Instituto Nacional del Consumo una campaña electoral -tranquila- con la mayorí­a de organizaciones de consumidores, en un momento en el que la OCU ha criticado duramente la arbitrariedad de la Administración al considerarla como la octava asociación más representativa de España.

La OCU, que desde hace muchos años renunció a las ayudas directas y que este año ha anunciado que no pedirá ni un céntimo de euro para proyectos, critica el uso electoral que el Instituto Nacional del Consumo hace de las subvenciones públicas, a la vez que quiere dejar de manifiesto su oposición al sistema actual de subvenciones.