La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha accedido a nuevos e importantes datos sobre el polémico redondeo del primer minuto en las llamadas realizadas desde y hacia móviles, objeto de sendas denuncias presentadas por la entidad en noviembre y diciembre del año pasado contra diecinueve operadores móvil, fijo y cable.

Amena, Movistar y Vodafone no sólo cobran el primer minuto completo a los usuarios aunque las llamadas duren menos. También se lo facturan al resto de operadores cuando utilizan sus redes, es decir, cuando un cliente de otra compañí­a hace una llamada con destino a un móvil. Y eso, según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), es ilegal.

Aunque la CMT no ha resuelto todaví­a la denuncia presentada por FACUA contra los operadores móviles ante éste y otras administraciones el 28 de noviembre, hace ya más de dos meses, ni la relativa a los de telefoní­a fija y por cable el 12 de diciembre, el organismo del Ministerio de Economí­a sancionó a Vodafone (Airtel Móvil, SA) el 5 de abril de 2001 con 4,2 millones de euros (700 millones de pesetas) por aplicar el redondeo del primer minuto en el mercado mayorista.

Según la resolución de la CMT, emitida a raí­z de una denuncia presentada en junio de 1999 por el operador de telefoní­a fija Aló, el procedimiento ilegal de facturación de Airtel Móvil, SA -no sólo afecta a la interconexión entre las redes de Airtel y Rslcom [Aló], sino que afecta a las condiciones de interconexión del resto de los operadores con relación a Airtel y a los precios de las llamadas de fijo a móvil, cuestión ésta de clara repercusión social-. Es decir, los operadores de fijo cobran a los usuarios finales el primer minuto completo imitando la estructura tarifaria que le aplican a aquéllos las compañí­as de móviles.

FACUA exige tanto a la CMT como a la Secretarí­a de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnologí­a y al Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo que adopten medidas urgentes ante las irregularidades denunciadas, que tras la relevancia pública de la denuncia han motivado incluso la apertura de una investigación por parte del Defensor del Pueblo. La Federación está elaborando un informe con nuevos datos sobre el asunto, que remitirá en los próximos dí­as a la Oficina del Defensor.

El artí­culo 22.4 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, señala la resolución, -establece que los titulares de redes públicas de telecomunicaciones deben facilitar la interconexión en condiciones no discriminatorias, transparentes, proporcionales y basadas en criterios objetivos-. El mismo precepto que plantea ahora el artí­culo 11.5 de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

El 20 de julio de 2000, la CMT emitió una resolución en la que instaba a Airtel a adecuar su estructura de precios de interconexión a los
– principios de no discriminación y transparencia-, de forma que la facturación se realizase
– proporcionalmente por segundos-, sin incluir nuevos conceptos y manteniendo las mismas tarifas por minuto que vení­a aplicando. Sin embargo, la compañí­a de telefoní­a móvil fue finalmente sancionada ya que siguió aplicando sus tarifas a Aló, como también al resto de operadores, redondeando al alza el primer minuto en las llamadas de duración inferior.

Los expedientes abiertos por la CMT pusieron de manifiesto que también las compañí­as de telefoní­a fija Auna, BT, Uni2, Colt y Global Telesystems
– habí­an solicitado a Airtel la modificación de sus respectivos acuerdos de interconexión al objeto de que se estableciera la tarificación por segundos-. Airtel les propuso dos opciones si querí­an que les facturase por segundos: añadir a sus tarifas un coste por el establecimiento de cada llamada o incrementar los precios por minuto. Las compañí­as se negaron, optando por esperar al resultado del expediente sancionador abierto por la CMT.

Según consta en los expedientes de la CMT, Aló denunció que los redondeos de Vodafone le habí­an supuesto a fecha de 2 de enero de 2001 un perjuicio económico superior a los 16,6 millones de euros (exactamente 2.772.709.757 pesetas).

FACUA señala que, al facturar a los usuarios finales segundos de conversación que los usuarios no llegan a consumir, las compañí­as de telefoní­a móvil y fija vulneran la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la cual considera abusivas aquellas condiciones que impongan incrementos de precios por servicios no prestados (Disposición Adicional Primera, apartado V, punto 24). La libertad de precios existente en el sector no puede servir de justificación para inflar las facturas cobrando a los usuarios por un servicio, esto es, segundos de conversación, que no se ha prestado.