Si la ley, como dijo el Gobernador, no permite actuaciones cautelares cuando existen indicios de mala gestión e irregularidades que rozan el delito, resulta evidente que la ley es ineficaz. Actuar según la ley en su nivel de responsabilidad deberí­a llevarle, a juicio de la OCU, a valorar si el nivel de protección del inversor (sobre todo del pequeño inversor) es suficiente y, en caso contrario, proponer las modificaciones pertinentes. Modificaciones que la OCU viene exigiendo desde hace ya mucho tiempo y que deberí­an ir en la lí­nea, por un lado, de garantizar un mayor nivel de protección de los inversores en cuantí­a y productos de ahorro (seguros, fondos, etc.) y, por otro, de dotar de mayor eficacia y transparencia a los sistemas de control.

Según declaraciones del Presidente de la OCU, don Carlos Sánchez-Reyes, es intolerable el nivel de indefensión en la que se encuentra el inversor en nuestro sistema económico ante la absoluta falta de transparencia de los sistemas de control que hacen inviable cualquier medida de prevención frente actuaciones como las que ahora se están poniendo de manifiesto, llevadas a cabo por los administradores de Eurobank.

Por otro lado, la OCU lamenta la falta de sensibilidad mostrada ayer por el propio Gobernador del Banco de España y miembros del Gobierno al tratar de minimizar la importancia del problema por el hecho de que el 85% de los inversores estén cubiertos totalmente por el Fondo de Garantí­a sin aportar alternativas al resto de los inversores (casi 2.000, cubiertos sólo parcialmente) ni a los clientes con contratos en las Mutuas vinculadas a Eurobank, más allá de la espera de la situación que se derive del proceso de suspensión de pagos en marcha.

La OCU entiende que si este proceso acabara en quiebra, y con ella en perjuicios económicos para los inversores existirí­a una presunta responsabilidad de los administradores de Eurobank y sus auditores, pero también de quienes toman decisiones en los mecanismos de control del Banco de España. Por ello, en caso de que tal circunstancia se diera, la OCU actuarí­a ante la justicia contra todos ellos para intentar recuperar las cantidades perdidas por los inversores. En el caso del Banco de España, por su carácter de organismo público, la OCU considera que pudiera existir responsabilidad patrimonial del Estado por presunta negligencia en el control de Eurobank.