Los Servicios Jurí­dicos de CC.OO. van a personarse en todos los procesos de trabajadores afectados por enfermedades relacionadas por la exposición al amianto; igualmente, se querellarán contra la Administración General del Estado por considerarla responsable subsidiaria de los daños sufridos por diversos colectivos de población expuestos al amianto.

En opinión de CC.OO., la Administración incurre en una grave responsabilidad como consecuencia de su negativa a adoptar las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores expuestos al amianto, así­ como de aquellas medidas sociales y económicas que palien los efectos tanto de la exposición como de la prohibición del amianto.

CC.OO. recuerda que más de 50.000 personas van a verse afectadas por cáncer de pleura, pulmón y peritoneo en las dos próximas décadas. Cada año se producen en nuestro paí­s 1.300 muertes de cáncer de pleura, de las que 460 se registran en la Comunidad Madrid, la más afectada seguida de Galicia, Andalucí­a, Barcelona y Comunidad Valenciana.

Ante esta situación epidémica, CC.OO. exige la adopción por parte del Gobierno de las siguientes medidas: 1) Una transición justa que impida efectos en el empleo de la prohibición del amianto en nuestro paí­s . 2) Un plan de ayudas e indemnizaciones a las ví­ctimas del amianto.
3) Un plan de vigilancia de la salud de las poblaciones afectadas.
4) Control del amianto instalado en edificios y estructuras que contienen amianto y
5) Control de la comercialización de productos que contengan amianto.
En este sentido, CC.OO. recuerda que más de dos millones de toneladas de amianto siguen recubriendo techos, paredes, tejados, conductos de agua y gas, conductos de aireación, por lo que es necesario realizar un inventario de edificios y estructuras que contengan amianto.

Asimismo, exige la prohibición de la venta de coches matriculados antes de 1998, ya que zapatas, frenos y embragues contienen amianto.

CC.OO. ha presentado estas propuestas en reiteradas ocasiones en la Comisión Nacional de Salud y Seguridad, siendo rechazadas sistemáticamente por la Administración General del Estado con el apoyo de la CEOE.