La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que en su informe Defectos en vehí­culos que la legislación sobre su seguridad debe endurecerse dados los numerosos casos de defectos de fabricación detectados por los conductores y el excesivo número de llamadas a revisión realizadas por los fabricantes al verificar a posteriori fallos en determinados elementos de los coches que en no pocas ocasiones pueden afectar gravemente a la seguridad de los conductores.

FACUA solicitó el pasado enero al Ministerio de Ciencia y Tecnologí­a un endurecimiento sustancial en la legislación sobre seguridad en los vehí­culos.

FACUA advierte que la legislación vigente únicamente establece la obligación de inspeccionar un mí­nimo de un vehí­culo de cada modelo al año (la normativa dice que el control no debe ser inferior a un vehí­culo por tipo y año) para controlar que se ajustan al prototipo homologado por los organismos acreditados. Además, se llega al extremo de permitir que sea el fabricante quien realice los controles en lugar de entidades oficiales.

Por todo ello, FACUA ha solicitado al Ministerio que se incrementen de forma considerable las inspecciones obligatorias y que éstas sean realizadas siempre por organismos públicos, dado que la autorregulación del sector ha demostrado su ineficacia.

Asimismo, la Federación demanda que se obligue a los fabricantes a noticiar al Ministerio los defectos que se detecten en sus vehí­culos y la creación por parte del Gobierno de un registro público para que los consumidores puedan conocer estos fallos, similar al establecido por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico (Nthsa, en sus siglas en inglés) de EE.UU.

En este sentido, considera necesario que se regulen los procedimientos por los que los fabricantes deben notificar a los conductores estos defectos y las llamadas a revisión para garantizar que todos los afectados sean informados. Así­, FACUA entiende que las marcas deberí­an hacer públicos los defectos a través de inserciones publicitarias en los medios de comunicación y que las notificaciones a los afectados tendrí­an que realizarse por correo certificado con acuse de recibo.