El equipo jurí­dico de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ADICAE ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de la juez Teresa Palacios por el que decretaba la libertad provisional de Antonio Camacho y Aní­bal Sardón bajo fianza de tres millones y un millón y medio de euros, respectivamente.

En las alegaciones presentadas por el equipo jurí­dico de ADICAE se considera que existen razones legales para mantener en prisión provisional a los imputados por el caso Gescartera: existen hechos que revisten los caracteres de delito, la pena señalada para este tipo de estafa es superior a la de prisión menor y en la investigación aparecen motivos más que suficientes para considerar responsables a Camacho y Sardón.

Otro de los razonamientos que sustentan este recurso se refiere a la generación de la importante alarma social que se ha producido al conocer el caso Gescartera, y no sólo por la pérdida de dinero para un elevado número de personas residentes en todo el territorio nacional, sino también por el daño que este fraude ha ocasionado a la credibilidad del sistema financiero español.

Por otro lado, se considera que existen una serie de circunstancias que respaldan el mantenimiento en prisión de los imputados, puesto que Antonio Camacho y Aní­bal Sardón realizaron estas conductas delictivas por medio de un entramado de sociedades que ha permitido evadir el dinero y al mismo tiempo desarrollar un complicado sistema de impermeabilidad para localizar lo defraudado, a lo que hay que añadir una falta total y absoluta de colaboración con la Justicia en la búsqueda del dinero. Además, los imputados se ganaron la confianza de los ahorradores e inversores mediante la ocultación de aquellas sanciones impuestas por las Instituciones Oficiales

Ante todas estas alegaciones, ADICAE considera que acordar la libertad provisional cuando estamos ante una investigación inacabada, supondrí­a un grave atentado contra la seguridad jurí­dica, pues se pondrí­a en libertad a unas personas que han defraudado a miles de personas sin mostrar el más mí­nimo arrepentimiento y en nada han colaborado con la actuación de la Justicia. Además, teniendo en cuenta la cantidad estafada, la proporción con el dinero que deben depositar en concepto de fianza no es suficiente para reducir el riesgo de fuga.