El dato del IPC de febrero confirma no sólo la incapacidad del Gobierno para controlar los precios, que han crecido dos décimas este último mes (aunque perdura el efecto de las rebajas), sino el más absoluto descrédito de su polí­tica económica que ha llevado a la inflación a situarse en tasas superiores al 3%, pese a que mantiene impasible previsiones de inflación 2%, provocando pérdidas de poder adquisitivo en las rentas dependientes del Salario Mí­nimo Interprofesional.

Para el sindicato es preciso que el Gobierno cambie su discurso en materia antiinflacionista ya que y reconozca que existe un problema estructural (de determinados componentes como Servicios, enseñanza, turismo y hostelerí­a, gastos de viviendas en alquiler, y conservación de la vivienda, entre otros), que en nada tiene que ver con la evolución los precios del petroleo. Ante estos aumentos injustificados de precios, la falta de transparencia de las empresas en determinados sestores y la irresponsabilidad del Gobierno, UGT reitera la importancia de las cláusulas de revisión salaral como garantí­a ante las desviaciones de inflación para que no anule las ganancias de poder adquisitivo, el modelo consensuado por los agentes sociales en el Acuerdo para la Negociación Colectiva para 2003.

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El dato del Índice de Precios de Consumo del mes de febrero, dado a conocer hoy por el INE, no aporta ninguna buena noticia al panorama inflacionista de nuestro paí­s; al contrario, en un mes en el que perdura el efecto de las rebajas, ha registrado un aumento de dos décimas, superior al registrado en febrero del pasado año (0,1%), con lo que la tasa anual se ha elevado una décima hasta el 3,8%, manteniéndose en niveles injustificables para una economí­a que lleva instalada más de un año en una situación de muy moderado crecimiento de la actividad.

Además, las tensiones inflacionistas obedecen a factores estructurales de nuestra economí­a, que se vienen poniendo de manifiesto desde hace años, sin que los responsables de la polí­tica económica hayan atajado siquiera mí­nimamente estos comportamientos perjudiciales. En el mes de febrero el repunte de la inflación se ha debido nuevamente a un empeoramiento de los precios internos, por lo que no cabe excusarse en la evolución de los precios del petróleo.

Ciertamente, los precios de los carburantes y los combustibles siguen aumentando (y alcanzan ya una tasa de incremento anual del 8,6%), pero no es menos cierto que la tasa subyacente, que elimina los precios de los bienes de comportamiento más volátil (los alimentos sin elaboración y, precisamente, los productos energéticos), ha vuelto a repuntar en este mes, situándose en el 3,3%, una décima más que en enero. Más aún: la tasa general, si se eliminan tan sólo los bienes energéticos, presenta un aumento anual del 3,4%.

Quiere esto decir que la evolución de los precios del petróleo no está haciendo más que empeorar la ya de por sí­ negativa situación de nuestra inflación general, pero en absoluto puede achacársele la responsabilidad plena del descontrol de los precios en nuestro paí­s, como viene haciendo el Ejecutivo. Lamentablemente, la inflación apunta tasas por encima del 3% con independencia de la evolución del precio del crudo (evolución a la que, por cierto, el Gobierno español está contribuyendo para que sea la más negativa posible con su alineamiento al lado de EE.UU. favorable a una intervención bélica inmediata en Iraq).

El Gobierno debe cambiar su discurso en materia antiinflacionista y eliminar del mismo las recurrentes excusas que viene utilizando desde hace años, con el único propósito de desviar la atención de la situación real de nuestro nivel de precios: las tensiones en la formación de precios de algunas actividades son permanentes, con el beneplácito del Ejecutivo que ha demostrado sobradamente su incapacidad para llevar a cabo medidas eficaces en la lucha antiinflacionista. La polí­tica de precios del Ejecutivo (o mejor, la inexistencia de la misma) ha llevado a nuestra economí­a a instalarse de forma permanente en tasas de inflación por encima del 3%, pese a que mantiene sin rubor año tras año previsiones idénticas del 2%. El descrédito de su polí­tica económica es, en este sentido, absoluto.

Los datos del IPC reflejan de forma meridiana el descontrol de los precios de actividades básicas de la economí­a: servicios, 3,9%; enseñanza, 5,1%; turismo y hostelerí­a, 4,9%; gastos de viviendas en alquiler, 4,4%; conservación de la vivienda, 4%; por citar algunos de los componentes de evolución más sangrante que nada tienen que ver con la evolución del precio del petróleo.

A todo ello se añade la dramática situación de los precios de la vivienda (que no recoge el IPC), que en 2002 creció un 17%, y que desde que gobierna el PP (1996) ha crecido un 84,5%, lo que por sí­ solo tiene una influencia determinante sobre el nivel de vida de los ciudadanos, que dedican ya casi la mitad de su salario a satisfacer el pago de la hipoteca. En este sentido, cabe preguntarse hasta dónde se dispararí­a el indicador fundamental de precios de consumo de nuestro paí­s si recogiera, como en absoluto resultarí­a descabellado, los precios de un bien básico como es la vivienda.

En este contexto de aumentos injustificados de los precios, de falta de transparencia en la conducta de las empresas de determinados sectores, y de complacencia irresponsable del Ejecutivo (que ha vuelto a fijar la previsión de inflación para diciembre en el increí­ble 2%) los convenios firmados este año deben incluir de forma imprescindible cláusulas de revisión salarial para garantizar que las desviaciones de la inflación sobre la previsión no anulen las ganancias de poder adquisitivo pactadas libremente. Sólo incluyendo cláusulas eficaces la negociación salarial podrá mantener crecimientos salariales moderados, que tomen como referencia la previsión de inflación. Esto es, en definitiva, el modelo consensuado por los agentes sociales en el ANC 2003 que colabora a la reducción de la inflación y a la mejora de la competitividad de las empresas, compatible con la elevación del poder de compra de los asalariados.

El Gobierno no puede seguir manteniendo la actitud de pasividad actual, acumulando declaraciones que posponen la mejora de nuestra inflación para un futuro próximo que nunca llega. Al responsable de la polí­tica económica de nuestro paí­s cabe exigirle actuaciones eficaces que se dirijan a los núcleos inflacionistas básicos, y que tienen que ver con situaciones de mercados que facilitan el abuso empresarial en la elevación de los precios; todo ello como contenido de una polí­tica económica diferente que ponga el acento en la consecución de un mayor nivel de crecimiento económico capaz de impulsar el empleo y mejorar el nivel de renta de los ciudadanos.