UGT considera que la reducción de la tasa de inflación es un dato positivo, pero puntual, que no modifica la negativa evolución de los precios, situación que se arrastra desde hace tres años. Existen tensiones innflacionistas que no se van a corregir de forma espontánea (la inflación subyacente sigue por encima del 3%), por lo que es necesario que el Gobierno actúe de forma decidida en el control de precios.

UGT ha realizado ya su apuesta por unos criterios salariales compatibles con la previsión de inflación del 2% a través del Acuerdo de Negociación Colectiva para 2003, e insiste en la utilización de las cláusulas de revisión salarial, como garantí­a de mantenimiento del salario pactado, sin que presionen al alza los precios.

Por tanto, es trabajo del Gobierno asumir su responsabilidad en materia fiscal y desarrollar una polí­tica económica que impida que algunas empresas y sectores aumenten sus beneficios a costa del interés de la inmensa mayorí­a de los ciudadanos.

Datos básicos

Mensual: -0,3%, dos décimas menos que en enero del pasado año.

Anual: 3,7%, tres décimas menos que en diciembre.

Subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos): 3,2%, tres décimas menos que en diciembre.

Armonizado: 3,8%, dos décimas menos que en diciembre.

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El IPC del mes de enero, dado a conocer hoy por el INE, ha registrado una reducción mensual de tres décimas respecto a diciembre, con lo que la inflación anual se ha situado en el 3,7%, tres décimas menos que en el pasado mes.

La reducción de la tasa de inflación es un dato positivo en sí­ mismo que hay que recibir con satisfacción; sin embargo, el dato puntual de un mes no modifica la negativa situación que viene arrastrando la evolución de los precios desde hace tres años, ante la pasividad del Ejecutivo. Son muchos los elementos que deben ser tenidos en cuenta para moderar cualquier impulso optimista sobre las perspectivas de los precios en nuestro paí­s:

– el dato de enero tiene un fortí­simo componente estacional, debido a la inclusión de la repercusión de las rebajas, cuyo efecto enmascara en buena medida la evolución tendencial del IPC, que se apreciará de forma más clara transcurrido el primer cuatrimestre;

– el resultado en enero, en términos anuales, descuenta lo sucedido en enero del pasado año, mes en que se registraron importantes subidas en los impuestos indirectos y en que el redondeo del euro tuvo una incidencia indudablemente inflacionista (como ya se reconoce unánimemente); la reducción actual, por tanto, era en buena medida esperada y responde en gran parte a un efecto meramente aritmético;

– nuestra inflación lleva desbocada tres años, y terminó 2002 en el nivel más elevado del año (4%), duplicando la previsión oficial del 2%, con lo que probablemente se situó en los niveles máximos del ciclo: no hay que olvidar que esta inflación se ha alcanzado en una situación de escaso crecimiento económico, con una demanda de consumo retraí­da, y con una reducción de la riqueza financiera de las familias de aproximadamente el 10% que ha agravado la incertidumbre creada por la situación de conflicto internacional. Dicho de otra forma, la inflación ha mantenido niveles máximos en un momento que en absoluto justificaba tal descontrol, en gran medida por decisiones de polí­tica económica contradictorias con la moderación de la inflación y por la actitud complaciente y pasiva del Gobierno en cuanto al control de la misma, por lo que resulta poco probable que la situación empeore;

– en todo caso, siguen existiendo tensiones estructurales en el sistema de formación de precios de algunos sectores que no se van a corregir de forma espontánea sin la adopción de una actitud más beligerante por parte del Ejecutivo; basta echar un vistazo a las tasas anuales de algunos componentes básicos del IPC: servicios, 4%; alimentos sin elaboración, 7,2%; enseñanza, 4,6%. Así­, la inflación subyacente (que elimina los alimentos sin elaboración y los productos energéticos) sigue por encima del 3% (3,2% en enero), lo que denota las tensiones de fondo sobre nuestro nivel general de precios;

– la incertidumbre sobre la evolución del precio del petróleo es un elemento adicional de riesgo para nuestra inflación, pero que no puede encubrir las disfunciones en la formación de precios del sector de carburantes y combustibles, que provoca que los incrementos del precio del crudo repercutan en nuestro paí­s con mayor virulencia que en otros paí­ses con similar situación de dependencia energética, algo para lo que el Ejecutivo, aún siendo conocedor de ello, tampoco ha aportado soluciones.

En definitiva, es necesario acoger con puntual satisfacción la reducción del IPC en enero, pero con prudencia y responsabilidad. El Gobierno viene anunciando mejores tiempos en materia de inflación desde hace tres años, pero hasta ahora la situación sólo ha empeorado, lo que caracteriza la incompetencia de su polí­tica económica al respecto y, lo que a nuestro juicio es peor, su falta de voluntad polí­tica para tomar las actuaciones necesarias sobre los sectores empresariales que se han venido aprovechando año tras año de la carencia de competencia y de la situación de indefensión de los consumidores en sus mercados.

Por nuestra parte, la apuesta de UGT por colaborar a la reducción de la inflación es manifiesta, al consolidar en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2003 (ANC 2003) unos criterios de polí­tica salarial compatibles con una inflación del 2% prevista por el Gobierno. Así­, el modelo toma como referencia esa previsión de variación de precios (a pesar de la manifiesta carencia de credibilidad del objetivo), aprovechando los excedentes de productividad para ganar poder adquisitivo, de modo que los costes laborales de las empresas no presionen al alza sobre los precios.

Para garantizar este modelo de crecimiento salarial moderado, es condición necesaria incluir en todos los convenios cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo pactado libremente en el caso de que, por razones en todo caso ajenas a la evolución salarial, la inflación finalmente alcanzada en diciembre supere el 2% previsto por el Gobierno, y tomado como referencia para fijar los crecimientos salariales de convenio.

Queda claro, pues, que las cláusulas sólo actúan si las previsiones de inflación se desbordan, por lo que no tiene sentido achacar a las mismas efectos inflacionistas; al contrario, las cláusulas de revisión son garantí­a de la moderación, porque aseguran que se aplique en la negociación colectiva un modelo de determinación de salarios antiinflacionista. En todo caso, las elevaciones de la inflación siempre preceden a la actuación de las cláusulas; lo que es preciso asegurar es que aquéllas no se produzcan, y a eso ya contribuye la polí­tica salarial pactada.

Por tanto, corresponde ahora al Gobierno llevar a cabo la polí­tica económica adecuada y establecer los cauces de vigilancia y control necesarios para impedir que las empresas indisciplinadas de algunos sectores sigan aumentando sus beneficios a costa del interés de la inmensa mayorí­a de los ciudadanos, y asumiendo su propia responsabilidad a la hora de elevar los impuestos y tasas y actualizar las tarifas y precios públicos sobre los que tiene competencia directa o indirecta, algo que no ha hecho hasta el momento.