COMFIA-CCOO considera que esta medida de transparencia evitarí­a las contí­nuas especulaciones y demandas judiciales a las que se pueden enfrentar las entidades, como es el caso en la actualidad del SCH, e impondrí­a una mayor moderación en las retribuciones e indemnizaciones.

El Sindicato considera absolutamente escandalosas las cifras pagadas a José Marí­a Amusátegui y Angel Corcóstegui por el SCH máxime cuando trás la fusión primero del Central y del Hispano y, posteriormente, del BCH con el Santander, la plantilla de las entidades ha venido sufriendo las consecuencias de una polí­tica de gestión basada, casi exclusivamente, en la reducción de costes.

Para COMFIA-CCOO resulta igualmente escandaloso que, tanto los directivos que han recibido estas cuantiosas indemnizaciones como los directivos en activo que las pactaron y aprobaron, se hayan negado sistemáticamente a negociar la externalización de los compromisos por pensiones que el banco tiene con sus empleados lo que les darí­a la legí­tima propiedad sobre esos fondos y a establecer un complemento de jubilación para los más de 11.000 trabajadores (casi el 50% de la plantilla) que carecen de dicho complemento, alegando "problemas de costes", cuando el coste de esta medida supondrí­a menos del 10% de las indemnizaciones pactadas y percibidas.

El Sindicato considera que estas decisiones son incompatibles con los principios obligacionales recientemente adquiridos por el Consejo de Administración del SCH en materia de Responsabilidad Social Corporativa.

El hecho de que estas indemnizaciones se hayan conocido a través de informaciones periodí­sticas demuestra, a juicio del Sindicato, las carencias de la legislación societaria española, la consiguiente indefensión del accionista y las limitaciones de la autoregulación que los gestores permanentemente invocan.

Para COMFIA-CCOO el silencio del Legislador, del Banco de España y de la CNMV proporciona el margen suficiente para la comisión de estas prácticas. Invocar un presunto principio de "no intervención" aleja a los poderes públicos de su verdadero cometido que no es otro que defender al conjunto de los ciudadanos (accionistas, clientes y trabajadores) imponiendo, en este caso, el buen gobierno corporativo.

Consideramos que vistas las consecuencias jurí­dicas de este tipo de actuaciones y la intensa sensibilización que sobre estos comportamientos han adquirido los accionistas y los mercados de valores en los que cotizan los Bancos, los auditores no deberí­an arriesgar su informe favorable a las cuentas anuales sin que en estas se especifique de la manera más clara e individualizada, los compromisos presentes y futuros adquiridos por las entidades con sus consejeros y directivos.