UGT considera que el Proyecto de Ley de Cohesión y Calidad para el Sistema Nacional de Salud elaborado por el Gobierno, si bien resulta indiscutible su oportunidad, no responde al reto de buscar nuevas orientaciones e instrumentos de gobierno y coordinación ni da respuesta a los actuales problemas del sistema (desigualdad y falta de cohesión, integración y calidad).

Para el sindicato, el proyecto de Ley debe garantizar en todo el territorio el carácter universal, gratuito y equitativo del Sistema Nacional de Salud (SNS), así­ como una atención con altos niveles de calidad, integral, coordinada e integrada de todos los recursos sanitarios públicos.

Para ello, el Proyecto de Ley deberí­a definir la prestación sanitaria como un servicio público fundamental e incorporar el concepto de "asistencia sanitaria de la Seguridad Social", con el fin de mantener el ví­nculo de ésta con el SNS como garante de la solidaridad. Por este motivo, la nueva legislación debe ser fruto del máximo consenso social y polí­tico. UGT iniciará esta semana contactos con grupos parlamentarios, organizaciones sindicales y empresariales y otros colectivos para explicar sus propuestas.

UGT considera que es necesario una Ley que integre el Sistema Nacional de Salud y lo cohesione en todo el Estado. Por eso, el Proyecto de Ley de Cohesión y Calidad elaborado por el Gobierno es una iniciativa positiva, aunque tardí­a, porque deberí­a haberse puesto en marcha antes del proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas, y deficiente en materia de diálogo social, porque ni siquiera el Anteproyecto se ha trasladado al Consejo Económico y Social (CES).

Para el sindicato, esta norma deberí­a considerarse una legislación básica que debe reforzar los principios de universalidad, accesibilidad, equidad y gratuidad del sistema. El Proyecto de Ley deberí­a definir la prestación sanitaria como un servicio público fundamental y mantener, en lugar de hacer desaparecer, el concepto de "asistencia sanitaria de la Seguridad Social" que definen la Ley General de la Seguridad Social y la Ley General de Sanidad, como único garante de la solidaridad en todo el territorio español.

Una legislación de estas caracterí­sticas requiere un alto consenso polí­tico y social. Por ello UGT, iniciará durante esta semana una ronda de contactos con grupos parlamentarios, organizaciones sindicales y empresariales y otros colectivos.

El proceso de diálogo social deberí­a desarrollarse en torno a tres ejes fundamentales: el aseguramiento, la financiación y la participación.

El Proyecto de Ley de Cohesión no aborda la diversidad de aseguramiento y provisión de asistencia sanitaria y persiste en no definir claramente un sistema sanitario único, como define la Ley General de Sanidad. Para UGT, el Sistema Nacional de Salud debe garantizar su carácter universal e integrar en el mismo de forma plena y homogénea todos los subsistemas de prestación contributiva y no contributiva de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social; ampliar la cobertura a los colectivos que quedan todaví­a fuera del sistema y desarrollar el Capí­tulo IV sobre Salud Laboral de la Ley General de Sanidad, además de definir el concepto de aseguramiento y un catálogo de prestaciones común para todos los usuarios.

En cuanto a la financiación, el modelo establecido por la legislación vigente tiene poca capacidad recaudatoria y puede resultar insuficiente. Dado que UGT apuesta por mantener la vinculación del Sistema Nacional de Salud con el Sistema de la Seguridad Social, como mecanismo solidario y redistribuitivo en el ámbito de todo el Estado, habrí­a que redefinir el fondo para la cohesión del SNS y determinar su dotación por el Estado. Se tratarí­a de constituir así­ un Fondo de la Seguridad Social para la Cohesión del Sistema que incluya, además de los gastos que ocasionan los desplazados programados y los ciudadanos de la UE, otros aspectos necesarios para el mantenimiento de la integridad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Por otra parte, para UGT un elemento fundamental de cohesión lo constituye el modelo tripartito de participación institucional de los agentes sociales, ausente en el Proyecto de Ley.

Dicho modelo se debe concretar en dos niveles diferentes: el referido a la prestación de la Seguridad Social a través de una Comisión Nacional del Sistema Nacional de Salud, órgano de consulta y participación con un carácter tripartito (Administraciones central y autonómicas, sindicatos y empresarios) y el propiamente sectorial que harí­a imprescindible una Mesa del Sistema Nacional de Salud para la Negociación Colectiva, con protagonismo de las organizaciones sectoriales para armonizar las condiciones de trabajo y otros aspectos de las relaciones laborales del personal del SNS.