Ante el cierre en toda España de las academias de inglés Cambridge English School, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) quiere llamar la atención por la pasividad de los Ministerios de Sanidad y Consumo, Economí­a y Educación y Cultura y de los responsables de consumo de las Comunidades Autónomas para evitar el cierre en cascada de los centros de enseñanza no reglados, que respondí­an a la necesidad de miles de ciudadanos de adquirir unos conocimientos de inglés imprescindibles para incorporarse al mercado laboral.

Esta Asociación ha comenzado a reunirse con representantes de los centros de Cambridge para informar del estado judicial y extrajudicial del cierre de academias, la responsabilidad que asume la empresa y las consecuencias que podrí­an afectar a los alumnos.

El cierre en cascada de academias de inglés -que comenzó con la crisis en los centros Opening, continuó con la clausura de Brigthon, Oxford y las franquicias de Wall Street Institute en Galicia, y con el cierre en el dí­a de hoy de los centros Cambridge English School- ha supuesto que más de 120.000 alumnos se vean afectados por la crisis en las academias de inglés y que sean acosados por las entidades financieras para hacer frente a las cuotas de los créditos que en numerosas ocasiones han sido firmados de forma irregular. Ante esta situación, ADICAE hace un llamamiento al Gobierno para que se implique activamente en el problema y asegure que la Ley se aplique de forma que se reconozca sin ambages la vinculación de los contratos de enseñanza y de financiación y, por lo tanto, el derecho indiscutible de los alumnos a cesar todos los pagos sin recibir presiones de bancos y cajas de ahorros.

ADICAE valora la decisión de Cambridge English School de considerar el crédito de financiación vinculado al contrato de enseñanza como una estrategia para eximirse de responsabilidades ante sus alumnos. Por otro lado, ADICAE estima que el modelo de regulación elaborado el pasado mes de octubre por el Ministerio de Sanidad y Consumo con las Comunidades Autónomas no sirve para evitar el cierre de las academias de inglés, al no aportar garantí­a alguna contra la quiebra o los incumplimientos de las academias, ni establecer la vinculación obligatoria de los contratos de financiación ofrecidos por el centro de enseñanza no reglada.