Más de mil afectados por el caso Gescartera y socios de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) han presentado un escrito al Defensor del Pueblo denunciando la "absoluta indefensión e incertidumbre" de la que están siendo ví­ctimas por la forma de actuar de la Sociedad Gestora del Fondo de Garantí­a de Inversiones, que está incumpliendo su obligación legal de indemnizar con 20.000 euros a las personas que invirtieron su dinero en Gescartera Dinero Agencia de Valores.

Una vez estudiada la queja, el Defensor del Pueblo ha procedido a solicitar un informe a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Subsecretarí­a del Ministerio de Economí­a para que emitan un estudio sobre las numerosas quejas recibidas por la actuación dilatoria y evasiva de la Gestora del Fondo de Garantí­a de Inversiones.

En la sede central y en las delegaciones de ADICAE se han recibido numerosas reclamaciones de afectados por Gescartera denunciando el trato arbitrario, discriminatorio y dilatorio de la Sociedad Gestora del Fondo. La mayorí­a de las quejas se refiere a la solicitud de documentación por el Fondo de Garantí­a de Inversiones, pidiendo hasta cuatro veces los mismos documentos (DNI, contratos con Gescartera, extractos de las cuentas, certificado original que acredite la cuenta corriente donde se va a realizar el abono de la indemnización), y todos ellos debidamente compulsados y legitimados notarialmente, lo que supone un elevado coste para los afectados por el fraude que se investiga en la Audiencia Nacional. La Gestora incluso ha llegado a exigir un certificado del Banco de España que "reconociera" la fusión entre el Banco Santander y el Central Hispano.

Otra de las quejas más habituales es la relativa al servicio de atención prestado a los ahorradores-inversores. La Gestora del Fondo no permite la personación del interesado para recabar información sobre su expediente o para entregar la documentación solicitada, tampoco admiten la entrega de fotocopias aún llevando el documento original para comprobar su autenticidad. En ningún registro queda constancia de la documentación solicitada -la petición de documentos a los afectados por Gescartera se realiza telefónicamente- lo que provoca que el mismo expediente se solicite hasta cuatro veces.

El Fondo de Garantí­a de Inversiones se creó mediante Real Decreto 948/2001 el 31 de diciembre de 2001 con el objeto de regular los sistemas de indemnización de los inversores por la declaración de quiebra o suspensión judicial de pagos de las empresas de servicios de inversión y de las entidades de crédito. Las sociedades y agencias de valores están obligadas a participar en el régimen económico del Fondo siendo una Sociedad Gestora la encargada de su representación y gestión, y estando obligada por ley a indemnizar con 20.000 euros a cada inversor. El Fondo se subrogará en los derechos que los usuarios ostenten frente a la empresa de servicios de inversión, ingresando los 20.000 euros adelantados en caso de que el inversor recupere un importe superior a esta cantidad.

Desde la creación del Fondo de Garantí­a ha sido continuo el incumplimiento de los plazos estipulados por ley para cumplir sus obligaciones. El Fondo deberí­a haber indemnizado a los afectados por Gescartera en menos de tres meses desde su creación, pudiendo solicitar a la CNMV una prórroga de otros tres meses por causas justificadas. Pero hasta la fecha, poco más de un centenar de los más de 1.200 afectados ha cobrado la indemnización legal a pesar de ser el 30 de junio de 2002 el último dí­a para haber abonado a los ahorradores-inversores el importe reconocido por ley para el caso Gescartera.