Para CC.OO. no es de recibo que las empresas eléctricas se escuden en no haber resuelto sus obligaciones ambientales con la Administración (la acusan de impedirles instalar subestaciones eléctricas) para no cumplir con el servicio al que están comprometidas, achacando a la propia Administración ambiental y a quienes exigen respeto a las normas que protegen el medio ambiente.

El anuncio de las compañí­as eléctricas de la posibilidad de cortes parece más bien una amenaza que pretende presionar sobre la Administración ambiental para que deje de cumplir sus obligaciones de actuar aplicando las normas de protección del medio ambiente. Durante muchos años estas empresas han actuado a sus anchas, creando grandes impactos ambientales y no quieren ajustarse ahora a las leyes vigentes.
Si esta amenaza de las empresas eléctricas es grave, lo es aún más que el Gobierno se apoye en ellas para presionar a las Administraciones ambientales. La función del Gobierno es garantizar el cumplimiento de las leyes, o presionar para que no se tengan en cuenta. Lo que desvela la situación a la que se ha llegado es el fracaso del proceso de liberalización. El Gobierno ha presumido de ir por delante de otros paí­ses en la liberalización del mercado eléctrico, criticando a Alemania o a Francia por sus precauciones al respecto. Mientras que la Comisión Europea se muestra preocupada por que la dependencia de la Unión en suministro exterior de energí­a primaria es de un 50%, aquí­ el Gobierno sigue tan satisfecho con una dependencia de la energí­a en más del 70%.

En España tenemos suficiente potencia instalada. Los problemas son en primer lugar, de transporte. El esquema eléctrico español es asimétrico: mayor producción en la vertiente atlántica y mayor demanda en la vertiente mediterránea. El servicio eléctrico estable para todos depende, entre otros hechos, de que Red Eléctrica de España se preocupe de ese trasvase de electricidad en cualquier supuesto de oferta y demanda. REE es una empresa con participación pública y su objetivo principal debe ser garantizar el servicio, antes que "dar valor al accionista", como a veces se ha dicho.
En segundo lugar, el mantenimiento de la red de distribución. En los últimos 4 años las inversiones en mantenimiento han caí­do un 20%. Las empresas no cumplen con su deber legal de mantener la red de distribución en buen estado y las Administraciones tampoco han hecho por hacer cumplir la ley.
Para CC.OO., el principal problema es que aquí­, a diferencia de otros paí­ses, se ha dejado de insistir en el ahorro y eficiencia energética. El ratio de intensidad energética viene creciendo desde 1994, en particular el consumo eléctrico, que se está disparando sin ninguna medida de eficiencia en el uso eléctrico; alejándonos así­ cada vez más del cumplimiento de los compromisos de Kioto. Demandamos que la Administración del Estado se preocupe seriamente por garantizar el servicio eléctrico, ahora y en el futuro. Y que además lo haga fomentando el compromiso ambiental que todos hemos de asumir; por ello insistimos en el fomento de las medidas de ahorro y eficiencia energética, teniendo en cuenta que el potencial de ahorro energético de nuestro paí­s es de alrededor del 80%.