La Federación pide que se incrementen los controles y se cree un registro público de defectos de fabricación similar al estadounidense. Según la legislación vigente, los propios fabricantes pueden evitar los controles externos inspeccionando ellos mismos un sólo vehí­culo de cada modelo al año.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucí­a (FACUA) ha dirigido un escrito al Ministerio de Ciencia y Tecnologí­a en el que solicita un endurecimiento sustancial en la legislación sobre seguridad en los vehí­culos. FACUA justifica estas medidas dados los numerosos casos de defectos de fabricación detectados por los conductores y el excesivo número de llamadas a revisión realizadas por los fabricantes al verificar a posteriori fallos en determinados elementos de los coches que en no pocas ocasiones pueden afectar gravemente a la seguridad de los conductores.

Casos como el del Peugeot 307, del que FACUA acumula más de 150 denuncias de usuarios de veinticinco provincias españolas que padecen defectos que en casos extremos han llegado a provocar incendios, accionamientos injustificados de los airbags o la paralización de los motores en plena marcha, llevan a la Federación a poner de manifiesto que los controles sobre los vehí­culos son totalmente insuficientes.

Hasta un sólo vehí­culo al año

FACUA advierte que la legislación vigente únicamente establece la obligación de inspeccionar un mí­nimo de un vehí­culo de cada modelo al año (la normativa dice que el control "no debe ser inferior a un vehí­culo por tipo y año") para controlar que se ajustan al prototipo homologado por los organismos acreditados. Además, se llega al extremo de permitir que sea el fabricante quien realice los controles en lugar de entidades oficiales.

Por todo ello, FACUA ha solicitado al Ministerio que se incrementen de forma considerable las inspecciones obligatorias y que éstas sean realizadas siempre por organismos públicos, dado que la autorregulación del sector ha demostrado su ineficacia.

Notificación obligatoria

Asimismo, la Federación demanda que se obligue a los fabricantes a noticiar al Ministerio los defectos que se detecten en sus vehí­culos y la creación por parte del Gobierno de un registro público para que los consumidores puedan conocer estos fallos, similar al establecido por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico (Nthsa, en sus siglas en inglés) de EE.UU.

En este sentido, considera necesario que se regulen los procedimientos por los que los fabricantes deben notificar a los conductores estos defectos y las llamadas a revisión para garantizar que todos los afectados sean informados. Así­, FACUA entiende que las marcas deberí­an hacer públicos los defectos a través de inserciones publicitarias en los medios de comunicación y que las notificaciones a los afectados tendrí­an que realizarse por correo certificado con acuse de recibo.