Tanto el Plan Estratégico de Protección al Consumidor como el proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucí­a no sólo no se han consensuado, sino que se han elaborado de espaldas a las federaciones de consumidores y desatendiendo sus reivindicaciones.

El diseño de polí­ticas y normativas en materia de Consumo basadas en el consenso y la potenciación de la vertebración del movimiento de consumidores, los grandes compromisos plasmados en los contratos programa con las federaciones de consumidores suscritos por el PSOE de Andalucí­a para las Elecciones Autonómicas de 2000, no sólo no se han cumplido sino que se han traducido de hecho en todo lo contrario. La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucí­a (FACUA) y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, han hecho pública hoy la ruptura de estos acuerdos dados sus reiterados y generalizados incumplimientos.

Suscritos por FACUA y Al-Andalus en febrero de 2000 ante la constatación del desarrollo por parte del PSOE-A de unas polí­ticas de Consumo a la vanguardia de todas las comunidades autónomas desde hací­a años, tras la última victoria electoral se ha producido un giro de 180º que puede ser consecuencia, en opinión del presidente de FACUA, Francisco Sánchez Legrán, "del temor del poder a un movimiento de consumidores que viene demostrando ante la sociedad su fuerza e independencia frente a gobiernos, partidos polí­ticos y empresas".

En rueda de prensa, Sánchez Legrán, y la secretaria general de Al-Andalus, Mª de los Angeles Rebollo Sanz, acompañados del secretario general de FACUA, Miguel Angel Santos Genero, y la responsable jurí­dica de Al-Andalus, Isabel Peñalosa, han presentado el documento Promesas incumplidas. En él denuncian que tanto el Plan Estratégico de Protección al Consumidor de Andalucí­a como el proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucí­a, severamente criticado por el Consejo Económico y Social de Andalucí­a (CES), no sólo no se han consensuado, sino que se han elaborado de espaldas a las federaciones de consumidores y desatendiendo sus reivindicaciones.

Los dirigentes consumeristas han expresado su preocupación por el interés del poder por controlar al movimiento de consumidores con la creación o apoyo de organizaciones dóciles como la Unión de Consumidores de Andalucí­a-UCA/UCE, plegada al PSOE, y la nueva Unión de Consumidores Europeos-Euroconsumo, vinculada al PP.