La Federación Minerometalúrgica de CC.OO. manifiesta que el sistema establecido en el sector eléctrico español en lo que se refiere a generación no es más que un simulacro de competencia, sin ninguna efectividad real. Prueba de ello es que la cuota de mercado en generación que ostentaban las distintas compañí­as antes de establecerse la "competencia" se ha mantenido prácticamente intacta.

La competencia en comercialización no es más que un enunciado teórico y el cambio de empresa suministradora no se ha producido más que en porcentajes irrelevantes. Asimismo, más del 60% de los consumidores que podí­an acudir al mercado liberalizado siguen refugiados en las tarifas.
La Federación Minerometalúrgica de CC.OO. critica el deterioro del servicio eléctrico ha alcanzado cotas escandalosas y ha saltado a la opinión pública en los dos últimos años de forma redundante. De hecho, los apagones y los desequilibrios en la estabilidad del suministro eléctrico están a la orden del dí­a. Las infraestructuras eléctricas del conjunto del Estado Español están obsoletas y deficientemente dimensionadas por falta de inversiones y mantenimiento, por lo que no existe capacidad para distribuir la energí­a eléctrica que demandan los consumidores.

Según los analisis realizados por esta organización sindical, la explicación de este deterioro generalizado radica en que las compañí­as eléctricas han detraí­do ingentes cantidades de las inversiones necesarias para el mantenimiento de sus instalaciones, tanto de generación como de distribución (a la vez que se han endeudado temerariamente), para sus actividades inversoras tanto en Hispanoamérica como en el sector de telecomunicaciones, convirtiéndose éstas en un absoluto fracaso. Ello ha llevado a unas compañí­as a prácticamente una situación de quiebra técnica y a un suministro eléctrico de calidad casi tercermundista.

En este escenario, el Gobierno, a finales del pasado mes de noviembre, acudió en socorro del sector eléctrico echando por la borda el último aspecto que mantení­a de la propaganda sobre los efectos positivos de la "liberalización": la reducción de tarifas.

En este sentido, la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. entiende que la consecuencia del nuevo decreto de tarifas, anunciado a finales de noviembre, será que la luz suba hasta 2010 una media anual del 1,4%, pudiendo llegar al 2% si empeoran las condiciones macroeconómicas. Pero, para este sindicato, a este aspecto hay que añadir que las eléctricas se aseguran, también, el cobro de la totalidad de los ya famosos "costes de transición a la competencia", habiendo cobrado, según datos de la Comisión de Energí­a, 1.971 millones de euros, restando por cobrar, hasta 2010, otros 7.818 millones de euros.

Como añadido, el Gobierno ha decidido que el porcentaje de las tarifas que ahora se dedica al pago de la moratoria nuclear (3,54% del recibo) se prolongue, de momento, tres años. La moratoria nuclear deberí­a estar liquidada en 2007 y, lógicamente, a partir de este año las tarifas deberí­an bajar, al menos, en este porcentaje, pero no lo harán, ya que en principio se mantienen hasta el 2010.

Ante este contexto de actuaciones, la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. denuncia la pérdida preocupante de la calidad del servicio y del encarecimiento del suministro eléctrico.

En este sentido, la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. destaca la necesidad urgente de realizar una reflexión profunda sobre las consecuencias de la liberalización de los servicios públicos, sobre la base de las experiencias tanto españolas como internacionales, que se concrete en la construcción de un discurso alternativo al dominante, de manera que plantee la eficiencia social y económica de lo público y lo regulado en los servicios públicos esenciales y que se traduzca en actuaciones sindicales, sociales y polí­ticas concretas y coordinadas.

En 1996 el Gobierno del PP pactó con la patronal eléctrica un nuevo marco regulador y tarifario para el sector que, posteriormente, se tradujo en una nueva Ley para el sector eléctrico y sucesivos decretos de regulación del mismo, entre los que se han ido incluyendo los importes anuales de las tarifas reguladas.

Este nuevo marco regulador anunciaba el establecimiento de la libre competencia en las actividades de generación y comercialización y el mantenimiento del llamado monopolio natural (en consecuencia sin competencia), para la actividad de distribución eléctrica. Paralelamente se establecí­a, a partir de 1 de Enero de 1998, la posibilidad, para aquellos consumidores "cualificados" de más de 15 Gwh, de elegir compañí­a suministradora y pactar libremente con ella los precios del suministro eléctrico, situándose al margen del sistema regulado ví­a tarifas y en el llamado mercado liberalizado. A su vez, se anunció que la totalidad de los usuarios podrí­an disfrutar de los "beneficios" del mercado liberalizado en próximas fechas, que se concretaron para 2004. Todo ello, se adornó con los costes de transición a la competencia, que aseguraban a las compañí­as eléctricas, ví­a tarifas, el cobro de hasta un máximo de 10.000 millones de euros en un perí­odo de tiempo determinado (en principio se habló del año 2004 como fecha lí­mite).

Como medida añadida a esta liberalización, se procedió a la privatización del Grupo Endesa.

Este paquete de medidas liberalizadoras se presentó a la opinión pública como una actuación bienhechora, dirigida al conjunto de la sociedad, que se traducirí­a en una bajada sustancial del coste de la electricidad y una mejora en la calidad del suministro eléctrico. La realidad ha sido bien distinta.