UGT afirma que, además de las mejoras sanitarias (en 2001 se disgnosticaron un 12% de casos menos de SIDA, si bien en el primer semestre del año se produce un estancamiento), es preciso seguir avanzando para eliminar la discriminación social y laboral que sufren las personas portadoras del VIH/SIDA.

En este sentido, el sindicato considera necesario introducir cláusulas de garantí­as en los convenios colectivos para evitar los despidos indiscriminados y facilitar la protección de los derechos de los trabajadores afectados; actuar dentro de las empresas estableciendo programas de prevención y formación; y continuar combatiendo los aspectos restrictivos de la legislación.

En 2001 se diagnosticaron 2.336 nuevos casos, un 12% menos respecto al año anterior. Estos datos esperanzadores contrastan, sin embargo, con el estancamiento que se produce en el primer semestre de este año (1201 casos nuevos de SIDA).

Los avances médicos, debido fundamentalmente a los tratamientos antirretrovirales, han supuesto el aumento de la esperanza de vida de los afectados por la enfermedad; pero estas mejoras sanitarias, no han sido acompañadas por una mejora de las condiciones sociales y laborales. Las personas afectadas, no sólo tienen que enfrentarse a su enfermedad sino a múltiples prejuicios y tratos discriminatorios que, trasladados al ámbito laboral, generan un clima de desconfianza y rechazo al trabajador por miedo al contagio.

A pesar de la reiteración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), de que los centros de trabajo no son lugares de riesgo, así­ como la elaboración por parte de la OIT, de un código de recomendaciones prácticas sobre el VIH/SIDA y el ámbito laboral, con el fin de garantizar el mantenimiento del empleo o la reincorporación de estas personas a un puesto de trabajo, existen prácticas negativas e ilegales por parte de las empresas que atentan contra el derecho de estos trabajadores.

Para UGT, es necesario eliminar los prejuicios existentes, considerar VIH/SIDA como una cuestión estrictamente sanitaria y por lo tanto tratada como una enfermedad común de carácter crónico que no debe repercutir negativamente sobre las cuestiones de trabajo, siendo tratados como cualquier otro trabajador enfermo y en el caso de producirse un avance en la enfermedad que impida el desarrollo de la actividad laboral, acceder a una situación de incapacidad laboral de acuerdo con la normativa vigente.

La exclusión económica de las personas que desarrollan la enfermedad, no se ve paliada con los mecanismos de protección social. Desde la aplicación del R.D. 1971/99 de 23 de Diciembre, de valoración de las minusvalí­as, se dificulta la accesibilidad a ayudas económicas, suponiendo la pérdida de pensión, único medio de subsistencia para el 90% de este colectivo.

De esta forma, con el endurecimiento de los criterios de valoración de minusvalí­as de las personas seropositivas y/o enfermas de SIDA, el 35% de los minusválidos por VIH que percibí­an la pensión no contributiva de 40.000 pesetas, han dejado de percibirla, esto, unido a las dificultades para acceder a un empleo, está imposibilitando el acceso a cualquier tipo de renta a estas personas, abocando a este colectivo a la total exclusión social y económica.

No obstante, desde la publicación de este Real Decreto han sido muchas las reivindicaciones formuladas por los afectados, que desde UGT hemos apoyado, obteniendo como resultado la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Mesa Estatal de Minusvalí­as, para modificar los criterios para acceder a las pensiones no contributivas, entre ellos destacan de manera significativa que la valoración tenga en cuenta los aspectos sociales y psicológicos, realizándose una valoración multidisciplinar y realizadas por un médico, psicólogo y un trabajador social; asimismo, cuando coinciden la infección del VIH con el virus de la Hepatitis C, y dada la complejidad terapéutica es suficiente para conceder el 33% de discapacidad, medida importante al ser éste el lí­mite a partir del cual se puede ser perceptor de estas pensiones.

Para UGT es necesario continuar con esta lí­nea de cara a la eliminación de los aspectos restrictivos de la legislación y tomar medidas que hagan desaparecer las situaciones de exclusión que continúan produciéndose. Uno de los factores que permiten la normalización, es el mantenimiento de los puestos de trabajo y la reinserción de estos trabajadores actuando dentro de las empresas y estableciendo programas integrales de salud donde se aborde la prevención y la formación, así­ como introducir cláusulas de garantí­as en los convenios colectivos para evitar los despidos indiscriminados y la protección de sus derechos.