FACUA lamenta la lentitud de las administraciones y la escasa cuantí­a de la sanción.

La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha impuesto una sanción de 18.030 euros a Ví­a Digital a raí­z de una denuncia presentada por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucí­a (FACUA) por publicidad engañosa.

FACUA denunció en diciembre de 2000 ante diversos organismos una campaña publicitaria en la que Ví­a Digital utilizaba el reclamo "disfruta un año gratis de los mejores canales", induciendo a los consumidores a creer que ofrecí­a toda su programación de forma gratuita cuando en realidad se trataba de un simple descuento al contratar una opción con tres paquetes de canales.

La oferta de Ví­a Digital no sólo no era gratuita, sino que para acogerse a ello el usuario debí­a pagar una mensualidad 3 euros más cara que su Paquete Básico. La oferta, denominada Opción Superví­a, consistí­a en tres paquetes de canales al precio de 25,24 euros mensuales, unos 13,22 euros menos que si los contratara todos por separado. Asimismo, el usuario debí­a abonar 90,15 euros por el alta en el servicio.

FACUA considera positiva la resolución, aunque lamenta la baja cuantí­a de la sanción y que haya tardado más de un año y medio desde la presentación de la denuncia, así­ como el hecho de que el Ministerio de Ciencia y Tecnologí­a, competente en el control de la publicidad televisiva, no actuase ante la denuncia. Como tampoco lo hizo la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, cuya resolución se limitó a indicar que el caso debí­a "ser analizado por los tribunales" ya que los hechos denunciados no eran "susceptibles de distorsionar de manera sensible la libre competencia" y este organismo se declara al margen de la protección de los consumidores.

La Federación advierte que si las administraciones competentes no actúan con mucha más celeridad y contundencia ante este tipo de irregularidades, cometerlas resulta más que rentable para los anunciantes, dado que sus campañas no son paralizadas y las sanciones apenas les afectan económicamente si se tiene en cuenta que no resultan en absoluto proporcionales a los perjuicios causados a los consumidores y a las millonarias inversiones destinadas a este tipo de campañas publicitarias.