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Nuevas y mejores opciones judiciales para los consumidores Recibida de CECU el 31-03-2011 a las 10:03
La pasada semana se publicó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, entre otras consecuencias, incorpora una importante mejora para los derechos de los consumidores al incrementar el importe mínimo por el que los particulares pueden iniciar procedimientos judiciales sin necesidad de contar con abogado ni procurador. Hasta la fecha, si se pretendía acudir a este procedimiento, debía tenerse en cuenta que la compensación solicitada por el consumidor no podía superar los 900 €, por lo que en muchos casos el ciudadano se veía obligado a limitar su reclamación a dicha cuantía (algo habitual, por ejemplo, en incidencias con el transporte aéreo). Esa cifra queda ampliada a partir del próximo 15 de abril a los 2.000 €, lo que supone un destacable incremento de los derechos de los consumidores al ampliar los casos que puedan llevarse a la vía judicial sin un aumento sustancial de unos costes que suelen desanimar a los consumidores a iniciar el camino judicial. Lógicamente, este procedimiento evita también, en determinados casos, tener que hacer frente a los gastos de abogado y procurador de la parte contraria en caso de tener una sentencia desfavorable. Es cierto que si el consumidor decide iniciar un procedimiento judicial por su cuenta sin contar con la asistencia de un abogado debe enfrentarse a un procedimiento muy técnico y que utiliza una terminología y trámites que desconoce pero las ventajas económicas y la posibilidad de recibir asesoramiento en su asociación de consumidores, animará sin duda a que los ciudadanos se decidan más por estos procesos. Además, para facilitar la tramitación por los particulares, el Consejo General del Poder Judicial tiene publicados los modelos de demanda que pueden utilizarse, disponibles en el Boletín Oficial del Estado y de libre utilización para los ciudadanos[i]. A raíz de esta importante novedad, se impone la necesidad de profundizar en campañas informativas para que los ciudadanos pierdan el temor a enfrentarse a un procedimiento judicial, así como de aumentar la sensibilidad de los juzgados, tribunales y funcionarios de la Administración de Justicia ante las dificultades que supone para un consumidor iniciar un juicio por su cuenta sin la ayuda de un profesional del derecho. |
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