El actual alcalde de Carabaña y el aspirante a dicho puesto por las listas del PSOE se han comprometido a impulsar durante la próxima legislatura, si disponen de mayoría suficiente, una Iniciativa Legislativa Municipal para detener la privatización del Canal de Isabel II.

La Comunidad de Madrid pretende sacar a la venta el 49% de las acciones del Canal de Isabel II, lo que supone desmantelar una empresa pública rentable y eficiente que capta, depura y distribuye agua para los madrileños desde 1851.
La Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos es una opción regulada en la Ley 6/1986 de 25 de Junio, que faculta a los ayuntamientos a someter a discusión un texto de Ley en la Comunidad de Madrid, si ésta va avalada por al menos 3 ayuntamientos con un censo electoral total que supere los 50.000 electores. Ambas condiciones se cumplen ya en la actualidad con los ayuntamientos que han suscrito la idea. Lo que se plantearía en dicha iniciativa sería la supresión de los artículos 16 y 17 de la Ley de Acompañamiento de 2008 (Ley 3/2008 de 29 de diciembre de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid) por los que se permite la privatización de la citada empresa.

Recientemente tanto la presidenta de la Comunidad como su vicepresidente han insistido en que procederán a privatizar dicha empresa, para lo que cuentan con diversas opciones. Se pretende privatizar de forma inmediata un 20% de la empresa obteniendo con ello unos beneficios que rondarían los 500 millones de euros.

La idea de la Iniciativa para oponerse a esta privatización está siendo impulsada por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II de la que forman parte diversas organizaciones ecologistas, sociales, sindicales y políticas y que tiene como objetivo detener la privatización en marcha del Canal de Isabel II. Desde esta Plataforma se considera que el Canal de Isabel II es un modelo único en España ya que realigza el ciclo integral del agua y por eso hace una buena gestión. Realiza un tratamiento del agua de mucha calidad, lo que supone un gasto que ninguna empresa privada estará dispuesta a asumir, y sin embargo genera unos beneficios que para 2010 se estiman en más de 60 millones de euros. Estos beneficios han permitido financiar obras públicas como líneas de metro, un teatro y carreteras.

Entiende además la Plataforma que esta privatización hará que desaparezcan las campañas de concienciación sobre el ahorro en el consumo de agua, por no ser rentables, y se descartarán las inversiones de carácter medioambiental por el mismo motivo. Al mismo tiempo se deteriorarán las condiciones laborales de los 2.200 trabajadores con que cuenta esta empresa.