El resultado es que la red hospitalaria dependiente de CAPIO quedara en manos de esta nueva compañía, un total de 25 hospitales, varios de ellos en la Comunidad de Madrid (Fundación Jiménez Díaz, Valdemoro y Móstoles 2 entre otros), o el Hospital General en Catalunya, etc.

En el caso de los centros que tienen un acuerdo o una concesión con la administración pública se produce la entrada de una empresa distinta de la que realizo el acuerdo con lo que ello supone en cuanto a dilución de responsabilidades.

Tampoco debe olvidarse que este tipo de empresas de capital riesgo tienen una gran volátibilidad y que frecuentemente abandonan segmentos de actividad cuando no son rentables con los riesgos que conlleva para la prestación de servicios.

Por otro lado la crisis económica favorece las quiebras empresariales generando otro riesgo para el mantenimiento de la prestación des servicios. Es bien conocido que ya se han producido varias quiebras en empresas que participaban en las UTE que han construido los nuevos hospitales madrileños, aunque al tratarse de participantes minoritarios en las mismas todavía no han tenido efectos en el funcionamiento de los mismos.

La contradicción entre la prestación de un servicio público básico como es la sanidad y los intereses empresariales suponen un problema añadido a los ya conocidos de estos centros sanitarios que empeoran la atención sanitaria de los ciudadanos.

Todo este mercadeo pone de manifiesto varias cuestiones.

1º Se sitúa el animo de lucro y los aspectos económicos y de negocio por encima del derecho a una correcta asistencia sanitaria De manera que se prescinde de cualquier consideración sanitaria por parte de los grupos empresariales implicados a la hora de ejecutar estos negocios y se ignoran las consecuencias que sobre la salud y la asistencia puedan tener estos movimientos.

2º Pero lo mas grave es que a los ciudadanos y usuarios que son atendidos por estos centros sanitarios en régimen de monopolio y concesión administrativa por parte de las CCAA (especialmente la Comunidad de Madrid), que son los que finalmente los sufragan con sus impuestos, en todos estos movimientos se les asigna únicamente el papel de convidado de piedra, o peor aun, se les incluye en el lote de la transacción económica como si fuesen objetos incluidos en la venta, ignorando su derecho a la salud y a una correcta asistencia sanitaria

3º Mientras tanto las CCAA miran hacia otro lado y hacen dejación de su obligación de control para garantizar que los movimientos económicos repercutan negativamente en la asistencia de los ciudadanos afectados.