Estas desgravaciones tienen dos efectos negativos:

El primero es que suponen la subvención de todos los ciudadanos de los seguros de algunas personas, lógicamente de aquellas que tienen mayores ingresos pues son las que se pueden permitir un aseguramiento privado, lo que parece claramente irracional y desde luego atenta contra la equidad.

El segundo, y el mas importante, es que reduce los ingresos fiscales a costa de favorecer el aseguramiento privado, es decir los beneficios de estas empresas. Disminuir los ingresos fiscales supone de manera clara poner en peligro la sostenibilidad del mantenimiento de los servicios públicos. Es obvio que si queremos tener servicios públicos de calidad, entre ellos el sanitario, es imprescindible garantizar los recursos necesarios para ello, y por lo tanto la fiscalidad. El asunto es aún mas preocupante si se tiene en cuenta que nuestro país tiene una presión fiscal (en % sobre el PIB) nueve puntos inferior al promedio de la Unión Europea de 27 países.

Resulta también paradójico que estas propuestas surjan desde responsables de las administraciones sanitarias que, en principio son los responsables de garantizar la calidad de los servicios sanitarios públicos, porque parece que quieren obviar su responsabilidad de proveer unos buenos servicios sanitarios públicos para toda la ciudadanía, derivando un mayor porcentaje de población hacia el sector privado.