El criterio seguido por parte de los responsables de la Consejería para el reparto económico ha sido de nuevo opaco y no se ha comunicado a los interesados, tanto profesionales como trabajadores, pero es evidente que tenía como objetivos la disminución, en determinadas patologías no laborales, tanto del número de bajas emitidas como su duración durante el año 2010, de manera que entre estos profesionales, quien mas reducía su volumen, mas cobraba.

Esta situación es similar a la que se produjo hace 1 año y ya entonces fue denunciada por la FADSP, que asimismo recientemente lo ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo. Pese a ello la Comunidad de Madrid lo hace ahora, además, con completa opacidad, pues en el año 2009 las extintas gerencias de AP publicaron los listados y las cantidades cobradas por cada profesional. Ahora con el Área Única esta mínima práctica de trasparencia en la gestión parece que se considera superada y obsoleta.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid consideramos que:

De nuevo el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid vuelve a aplicar una medida economicista y antisocial que busca el ahorro por encima de la prestación social a que nuestra legislación da derecho en función de la protección a la situación de enfermedad.

Ha sido tomada a espaldas de los principales colectivos implicados, sin criterios de racionalidad o mejora de calidad y supone un ataque a la equidad en la prestación.

El resultado de esto no va a ser otro que un deterioro aun mayor de la atención sanitaria a los trabajadores (el reposo es una medida terapéutica muchas veces imprescindible en el proceso de curación o mejoría de la enfermedad), especialmente a los más vulnerables económicamente, y crea un nuevo conflicto ético en la práctica profesional de los médicos de AP y de las Inspecciones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.