Esta medida, que supuestamente se hace para mejorar la información de los ciudadanos, es en realidad un gran retroceso en el derecho a una información fiable y de calidad.

Existe mucha evidencia de que la información que la industria facilita a los profesionales contiene numerosos sesgos que magnifican los efectos de los productos farmacéuticos y minimizan o esconden los riesgos para la salud.

Resulta difícil por lo tanto pensar que la propia industria que fabrica los productos y tiene intereses directos en promocionar su venta pueda favorecer una información “objetiva e imparcial”, y lo previsible es que esta información se dirija a fomentar un consumo inapropiado de medicamentos y a disparar el gasto farmacéutico (como ya se ha demostrado en los países como USA donde existe publicidad directa de fármacos a los “consumidores”), lo que resulta especialmente irresponsable y peligroso en un momento de crisis económica y además puede derivar en daños a la salud de los pacientes .

La normativa deja en manos de los estados miembros de la UE la regulación final de esta información, y evidentemente por esta vía se pueden establecer mecanismos de control de que disminuyan los efectos mas nocivos de esta norma. De todas maneras las experiencias de USA y Canadá dejan lugar a pocas dudas sobre los efectos negativos sobre la salud y sobre los costes de esta medida.

Por todo ello entendemos que el Consejo de la UE donde están presentes los estados miembros debe de vetar esta iniciativa que supone un retroceso sobre la situación actual, un ataque a la Salud pública y pone en riesgo la salud de los ciudadanos y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios de la Unión.

International Association of Health Policy
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública