España tendrí­a que haber transpuesto esta Directiva para el 17 de octubre. El Proyecto de Ley, presentado el 4 de agosto por el Consejo de Ministros, que se debatirá próximamente en el Congreso, , defrauda el espí­ritu de la norma europea y está lleno de trampas que harán que la Directiva no se aplique. Dicho texto, por ejemplo, imposibilitará la creación de registros públicos, ya que no obliga a los responsables de una liberación a declarar la situación de sus campos.

Los registros del emplazamiento de los campos transgénicos son imprescindibles para que los agricultores puedan evitar la contaminación de sus cosechas. En España, el Gobierno se las ha ingeniado para hacerlos inviables", ha declarado Liliane Spendeler, coordinadora del área de biotecnologí­a de Amigos de la Tierra.

Del mismo modo, el Proyecto de Ley introduce de manera incorrecta, las obligaciones de evaluación de riesgos, seguimiento, etiquetado y renovación de autorizaciones, entre otros aspectos. Además, al quedar vigente el antiguo Real Decreto que desarrolla la Ley precedente, podrán pasar años sin que estos conceptos se introduzcan de forma correcta en el marco normativo español.

Coincidiendo con la entrada en vigor de esta directiva, los ministros de medio ambiente de la Unión Europea se pronunciarán hoy sobre las Propuestas de Reglamentos para la trazabilidad y el etiquetado de los alimentos y piensos modificados genéticamente (MG). En julio, el Parlamento Europeo, votó a favor del etiquetado de todos productos procedentes de OMG y en contra de la contaminación de los alimentos y piensos por OMG no autorizados en Europa. Rebajó también, del 1% que proponí­a la Comisión Europea a 0,5%, el umbral permitido de contaminación sin necesidad de etiquetado. Greenpeace y Amigos de la Tierra consideran que se deberí­an etiquetar también todos los productos derivados de animales que hayan sido alimentados con piensos MG.

El pasado lunes, el Consejo de Agricultura de la UE debatió este tema, no llegando a ninguna conclusión. Sin embargo, podrí­a ocurrir que hoy los ministros de medio ambiente cedan alguno de los logros conseguidos por el Parlamento aceptando, por ejemplo, la contaminación por OGM no autorizados durante tres años.

"Los ministros deberí­an reforzar las decisiones adoptadas por el Parlamento Europeo, estableciendo un sistema de etiquetado completo y rechazando todo tipo de contaminación de los alimentos. La mayorí­a de los ciudadanos europeos quieren poder elegir alimentos libres de transgénicos." ha declarado Juan-Felipe Carrasco, responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace.

En este contexto, un grupo de trabajo de la Comisión pretende que se permita autorizar nuevas variedades transgénicas a través de estos Reglamentos. Esto supondrí­a que las nuevas aprobaciones tuvieran muchas menos garantí­as y una peor evaluación de riesgos que a través del procedimiento correcto, la directiva 18/2001. Las organizaciones ecologistas consideran que esto es una escapatoria inaceptable.

A pesar de los rumores durante las últimas semanas y a tenor de las recientes declaraciones del Comisario de la Dirección General de protección del Consumidor, David Byrne, la moratoria no será levantada mañana.

Ciertos sectores de la Comisión Europea, sometidos a presiones por parte de Estados Unidos, llevan meses intentando acabar con la moratoria de facto sobre autorización de nuevos OMG, en vigor desde 1998. Sin embargo ésta no será levantada por varias razones: la nueva Directiva 18/2001 sobre liberación al medio ambiente no está implementada en la mayorí­a de los Estados Miembros, el etiquetado no proporciona toda la información al consumidor y no existe un sistema de trazabilidad que permita retirar los productos del mercado en caso de problemas además de no estar resuelto el tema de la responsabilidad cuando se produzcan daños al medio ambiente o a la salud. Tampoco se ha resuelto el problema de la co-existencia entre los cultivos modificados genéticamente, los convencionales y los ecológicos.

En medio de esta situación, el pasado Lunes, una delegación de más de 300 organizaciones medioambientales, de agricultores y de consumidores europeos (representantes de más de veinticinco millones de miembros) entregaron a los Comisarios Europeos Franz Fischler y David Byrne, 70.000 firmas y una petición titulada SOS Salvad nuestras semillas pidiendo que la nueva Directiva de Semillas de la UE garantice la pureza de las semillas vendidas y sembradas en Europa en lugar de tolerar contaminación genética.

Si la Directiva de Semillas es aprobada tal y como la Comisión Europea actualmente propone -permitiendo entre un 0,3% y un 0,7% de contaminación sin etiquetar en lotes de semilla convencional- conducirí­a a un cultivo a gran escala de cosechas MG no controladas: unos 7000 millones de plantas transgénicas estarí­an presentes en la UE (el equivalente a unos 46.000 campos de fútbol).