Esto ha dado lugar a que durante 4 meses las aproximadamente 40.000 personas que padecen Diabetes Insípida no hayan tenido acceso a través de las oficinas de farmacia a esta medicación esencial para su tratamiento, al menos en su forma oral, lo que ha provocado en algunos pacientes perjuicios para su salud, alteraciones en su tratamiento y desajustes en su bienestar y adaptación social.

Es por ello que ApdieH ha pedido al Ministerio Fiscal que investigue la actuación de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que durante todo este proceso ha dado el visto bueno a la retirada de la medicación mencionada, sin asegurarse previamente, tal y como se encuentra regulado en la Ley del Medicamento, de que hubiese sustitutos en cantidad suficiente que supliesen adecuadamente y por la misma vía las necesidades de estos enfermos y no ha dado explicaciones públicas ni articulado mecanismos para corregir con prontitud la situación y evitar su reiteración en un futuro.