La adjudicación, al único participante, por un importe de 975.966 € implica que la plantilla de dentistas de la Comunidad derivarán de antemano y directamente a Sanitas los “nuevos tratamientos especiales" sacados a concurso (endodoncias y grandes reconstrucciones, coronas, reimplantes dentarios....), y a posteriori peritaran y evaluarán la actuación de la aseguradora privada. En la práctica esto supone que el SERMAS, en lugar de hacerse cargo directamente de la asistencia dental de estos casos con sus propios recursos los deriva a la sanidad privada, lo cual es coherente con la política de restricción de protagonismo y recursos que la Comunidad de Madrid esta aplicando a los servicios públicos. Es mejor derivarlo todo… a la privada por supuesto.

Consecuencia de ello es que la población, en general, no es informada de sus derechos a recibir estos servicios, hay una escasa dotación de odontólogos y sillones dentales del SERMAS y es conocido que la plantilla de dentistas de la Consejería de Sanidad no ha variado desde las transferencias (de forma p.ej. que en la ex- Área más poblada de la Comunidad hay menos dentistas que en Albacete, aunque el número de habitantes de aquella es 10 veces mayor). Todo ello origina que exista una evidente saturación y falta de medios ya que los odontólogos del servicio público asumen la realización de empastes a todos los niños de 6-15 años que lo necesiten (el 60 % de la población) y tratan de urgencia cualquier traumatismo dental incisivo-canino que sufran, sin perjuicio de atender, además, la consulta ordinaria y de urgencias de adultos y de seguir poniendo selladores infantiles.

Con estas maniobras Esperanza Aguirre intenta guardar las apariencias y simular ante el Ministerio de Sanidad que cubre desde el servicio público la atención dental infantil hasta los 16 años, y así seguir cobrando la subvención de 1,5 millones de € que anualmente y desde el año 2008 recibe del Ministerio

En la misma línea de escamoteo del dinero público, y de una manera atípica, el concurso lo realiza y lo adjudica la Fundación de Alcorcón para la atención de la población infantil de toda la Comunidad, y no la propia Consejería como seria lo lógico. Se trata de nuevo de una maniobra para que la adjudicación tenga poca visibilidad y menos control público, poniendo de manifiesto la utilización de los entes de gestión privada para evitar la publicidad y para favorecer los manejos contables lo que evidentemente favorece la corrupción.