Ciertamente, la actual e intensa situación de crisis económica en que llevamos sumidos ya más de dos largos años, durante los cuales han sido no pocas las presiones desde distintas instancias para la contención del gasto público (una vez arrumbada ya la declaración de Washington), no hace sino agudizar y situar en el centro de mira la financiación del Modelo Social Europeo, un modelo que se asienta sobre la garantía en la provisión de determinados servicios que se consideran esenciales tanto desde le punto de vista de la suficiencia social y económica de las personas, como desde el punto de vista de la necesidad de prestar suficiente cohesión a la sociedad o, en otras palabras, lo que hemos venido denominando “Estado del Bienestar”.

Complementariamente, no es preciso decirlo, el Estado del Bienestar debe nutrirse económicamente a través de unas políticas fiscales que ejerzan un doble papel de redistribución solidaria, en la medida en que su progresividad defina un primer ámbito de redistribución de la renta cuyo segundo ámbito redistributivo queda garantizado en la financiación de servicios de carácter universal, y gratuitos en el momento del uso.

Sin embargo, y en un contexto económico bien diferente, el Modelo Social Europeo ya viene siendo cuestionado desde los años 80, ante la irrupción desbocada del liberalismo de Thacher (que, precisamente, tuvo en la privatización de la sanidad uno de sus buques insignia).

En nuestro país, al inicio de la década de los 90, el conocido como “Informe Abril” vino a abrir innecesariamente la caja de Pandora de la financiación sanitaria, al considerar que “Los usuarios deberían participar en el pago de los servicios, que en principio serían casi simbólicos”.

Una financiación que, desde la Ley de Bases de la Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963, y coherentemente con la reordenación organizativa que se proponía la Ley, integrando los esquemas clásicos de previsión y seguros sociales, prevé la consignación permanente en los presupuestos generales del Estado de subvenciones a la Seguridad Social, que por su expansión no puede ser financiada enteramente por las cuotas empresariales y las provinentes de la mano de obra.

De este modo, el marco de la solidaridad en lo referente a la salud se amplía, ya que se trata de una financiación que no proviene únicamente de la población ocupada, sino que incorpora un papel, otorgado a los poderes públicos, de redistribución y reducción de las desigualdades.

Treinta años más tarde, el Pacto de Toledo consagró definitivamente la financiación de la Sanidad a cargo de los impuestos, es decir, de las aportaciones directas de los contribuyentes a través del Estado, que se materializó plenamente en los Presupuestos Generales del Estado de 1999, y por lo tanto, definió un modelo que definitivamente se plantea la universalización de las prestaciones en un ámbito de equidad, cual es el Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, aún siendo cierto que la mayor parte del gasto sanitario es de carácter público, no es menos cierto que en nuestro país prácticamente la cuarta parte de este gasto es ya sufragado directamente por los usuarios, bien en el mercado creciente de los aseguramientos privados (mercado inducido desde las propias administraciones sanitarias, como veremos más adelante), bien para hacer frente a necesidades de salud que no están cubiertas por el sistema, cuales son el copago de los medicamentos recetados a personas menores de 65 años, la atención buco dental, los productos ópticos, y distintas órtesis y prótesis