Aunque la fecha para la implantación del Decreto de Estructura se postergará un año más, la Consejería de Sanidad sí ha reconocido que asistencialmente la CM se divide en 7 territorios –en función de las carreteras radiales y parte de la zona centro-, pero aún no determina la población afectada. De esta forma, se mantienen las estructuras de las actuales 11 Gerencias, pero no así el número de áreas sanitarias, las cuales se verán reducidas a sólo una. Asimismo, se concreta que todos los Centros de Salud tendrán su propio reglamento interno, con directrices marcadas desde la Consejería; algo que acarreará el pertinente “vacío legal”. A partir del día 16, se llevarán a cabo los nombramientos de las 14 direcciones asistenciales (estructuras de 2º nivel), previéndose que la Gerencia de Área Única tenga su sede en el antiguo edificio de Puerta de Hierro.

A pesar de los intentos de CSIT UNIÓN PROFESIONAL, así como de otras organizaciones sindicales, en demostrar los problemas que originarían la puesta en marcha de dichas iniciativas, la Consejería, “haciendo oídos sordos”, ha vuelto a poner en funcionamiento “proyectos” que no cuentan ni con el respaldo ni garantías suficientes para su perdurabilidad y estabilidad en el tiempo. La implantación de la Libre Elección y Área Única no solucionarán ninguno de los problemas endémicos a los que diariamente se enfrenta nuestro sistema sanitario y sus profesionales, sino que estimularán la existencia de una competencia de “carácter mercantil” y empeorarán las condiciones de trabajo de muchos profesionales, propiciando la huida de muchos de ellos a centros de trabajo más atractivos, entre otras cosas.

Las declaraciones del Consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, anunciando que “la libre elección de médico en Atención Primaria supondrá una mejora sustancial para ciudadanos y profesionales” se caen por su propio peso, puesto que lo único claro en este asunto es el grave deterioro que sufrirá la calidad en la asistencia sanitaria.

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL denunciamos la falta de transparencia e información durante todo el proceso, así como la falta de consenso y precitación de la medida.