La puesta en marcha de la nueva estructura se llevará a cabo sin atender las propuestas ni de profesionales ni de organizaciones sindicales, a pesar de los esfuerzos de CSIT UNIÓN PROFESIONAL en ofrecer su colaboración para perfilar un sistema que garantizara y mejorara los servicios y condiciones de los empleados públicos. Los compromisos acordados entre el actual Consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, y los sindicatos, se han esfumado, al igual que la voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos consensuados para todas las medidas que se fueran a poner en marcha como consecuencia de la implantación del Área Única y Libre Elección.

El proceso se pondrá en marcha sin las suficientes garantías, puesto que no se tienen todas las herramientas necesarias para su correcto funcionamiento. Así, a menos de 48 horas del cambio, los profesionales carecen de información sobre aspectos claves:

· La nueva estructura organizativa y funcionamiento de la gerencia única de AP.

· Los cambios organizativos y estructurales que sufrirán los centros de salud.

· Las responsabilidades y competencias de los nuevos directores de centro de AP.

· Los responsables de la relación entre los centros de AP y la atención hospitalaria.

· El tamaño máximo o umbral de los cupos de los profesionales.

· El destino profesional de los casi 500 trabajadores que la Consejería estimaba que se iban a reducir de las unidades de gestión con la nueva estructura.

· Los cambios retributivos que se van a imponer a los trabajadores.

· Las herramientas necesarias para facilitar la comunicación entre los diferentes equipos y centros de AP con la atención hospitalaria.

· Los nuevos sistemas de citación con atención especializada/hospitalaria.

· La posibilidad de una historia única compartida, donde los profesionales de AP y de atención hospitalaria puedan acceder y registrar la información clínica.

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL denunciamos el oscurantismo, precipitación y falta de consenso de la medida, así como la reducción de derechos sindicales que conllevará la misma. La Administración actúa, una vez más, sin tener en cuenta las disposiciones normativas que afectan a los profesionales que prestan servicio a los ciudadanos.