La Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 17, que obligaba a las entidades financieras que habían firmado créditos con los alumnos de Opening English School a devolverles los importes pagados desde la fecha del cierre de la academia, en agosto de 2002.

La OCU, que ya había peleado con éxito en los tribunales contra las franquicias y las financieras, entabló esta otra acción judicial contra BSCH, BBVA Finanzia, Eurocrédito, Pastor y la sede central de Opening en enero de 2003. En este caso la OCU representaba a 808 perjudicados, lo que dificultó enormemente las tareas administrativas (recogida de documentación, pruebas, autorizaciones, comunicaciones periódicas con los alumnos, etc.). La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 17 se hizo esperar hasta diciembre de 2006 (casi 4 años después) y la Audiencia Provincial ha tardado otros 3 años y medio en confirmar aquella resolución. Se abre ahora otro largo proceso de ejecución de sentencia para que cada uno de los alumnos cobre la cantidad reconocida en la resolución.

Las dificultades financieras de Opening se debieron principalmente a un proceso de expansión incontrolado, que trajo consigo enormes gastos y la imposibilidad posterior de encontrar recursos para mantener abiertos sus centros. El asunto causó una gran alarma social ya que miles de alumnos, que habían financiado sus clases con un préstamo facilitado a través de la propia academia, veían cómo las entidades seguían reclamando implacablemente el pago de las cuotas pendientes, llevándoles a una situación de indefensión, injusta e inexplicable para la opinión pública.

A pesar de que la sentencia confirma íntegramente sus pretensiones y de que los alumnos representados podrán recuperar su dinero, la OCU no puede dejar de recordar el desamparo en el que se encuentran los consumidores y usuarios no solo por la falta de control de las autoridades de consumo, que no hicieron nada en su momento para proteger a las víctimas, sino por la ineficacia de la justicia que ha tardado ocho largos años en pronunciarse.