Con el Real Decreto-ley 8/2010, de mayo pasado, en el que el Gobierno adoptó medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (una reducción injustificada en su cuantía y en sus plazos), se congelaron las pensiones contributivas en 2011, una medida sin precedentes en los últimos treinta años.
Medida injusta, pues la distribución de los pensionistas según los tramos económicos indica que el 77% cobran pensiones inferiores a los mil euros, y únicamente el 23% cobra por encima de los 1.000€.

Además, la cuantía de la pensión para el 56% de los pensionistas es inferior a 633,29€ (inferior al SMI) y el 25% está por debajo del IPREM (Indicador Público de Renta).

Con la congelación de las pensiones, se incumple el Acuerdo del año 2006 y el mismo Pacto de Toledo, que viene garantizando el sistema público de pensiones desde su constitución en abril de 1995.

Las pensiones contributivas se financian con las cotizaciones sociales. Los actuales pensionistas, a los que ahora se agrede con esta congelación, adquirieron el derecho a su pensión de ahora con las cotizaciones realizadas a todo lo largo de su vida laboral activa.

NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR POR TRAMOS DE CUANTÍA.

TOTAL SISTEMA A 1 DE JULIO DE 2010

El giro radical de la política económica que dio el Gobierno a principios de año con el recorte en la inversión, la congelación de las pensiones, la reducción del salario de los empleados públicos, seguido por el decretazo de la reforma laboral que recorta derechos de los trabajadores, son medidas profundamente injustas con la clase trabajadora e indican una secuencia de ajustes todavía inconclusas que hay que paralizar.
Además, aparece de nuevo la sombra de la reforma de las pensiones: se ha anunciado para septiembre una revisión del Pacto de Toledo, en el sentido de ampliar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, y de aumentar el actual periodo de cálculo de las pensiones contributivas fijado en los quince últimos años cotizados hasta los veinte o veinticinco, lo que representa una modificación de extrema gravedad que, de aprobarse, perjudicaría de forma significativa a todas las personas que se vayan a jubilar a partir de ahora.

Todas estas medidas no son necesarias en el momento actual porque se puede garantizar la solvencia del sistema de la Seguridad Social actuando sobre los ingresos (mejora del empleo, aumento población activa, cotizaciones, separación de fuentes…). Y porque es injusto hablar de un retraso generalizado de la edad de jubilación sin tener en cuenta las desigualdades que las rentas provocan en el envejecimiento, más de diez años en la esperanza de vida entre personas de rentas altas y rentas bajas.
La convocatoria de huelga general para el próximo 29 de septiembre está motivada por el brusco giro social dado por el Gobierno, que se ha plasmado en el Decreto-Ley de recorte del gasto y en la reforma laboral, así como para prevenir más recortes sociales.

Por estas razones, UGT y CCOO han convocado una huelga general el 29 de septiembre. Las medidas que se están aplicando son injustas, desproporcionadas y antisociales, pues cargan el esfuerzo sobre los trabajadores, parados y pensionistas, que no tienen responsabilidad en el desencadenamiento de la crisis. Por otra parte, no se han aprobado medidas contra la especulación financiera ni contra el fraude fiscal, que son los causantes de la crisis y del déficit.

Hay otra manera de afrontar la crisis. Es necesaria una política fiscal que permita combatir el déficit público por la vía de los ingresos y no sólo a través de la reducción del gasto. El mejor medio para repartir de manera equilibrada y equitativa los esfuerzos y sacrificios para afrontar la crisis debe derivarse de la política fiscal, orientada a favorecer la progresividad del sistema, y no de una política de ajustes que perjudique siempre a las rentas más bajas.