La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha convocado una manifestación que hoy recorrerá las calles del centro de la capital a partir de las 19h para denunciar el deterioro de la sanidad pública provocada por el creciente destino de dinero público a la sanidad privada. La convocatoria ha obtenido el apoyo de la Coordinadora de Equipos de Atención Primaria, la Plataforma 10 Minutos, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Sindicato de Sanidad-CGT, las plataformas en defensa de la sanidad pública del Henares, de Rivas, Leganés, la Asociación de Profesionales de Informática de la Sanidad de la Comunidad de Madrid (APISCAM), la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), PSM-PSOE e IU.

La FRAVM denuncia que, a un año del final de la actual legislatura, la calidad de la asistencia sanitaria madrileña ha empeorado ostensiblemente a pesar de los compromisos adquiridos por Esperanza Aguirre durante la campaña electoral. Da muestra de ello el descontento de la ciudadanía ante las crecientes listas de espera, que en algunos barrios afecta a los médicos de cabecera; la construcción pendiente de más de veinte centros de atención primaria y la congelación de la contratación de personal sanitario, en especial de pediatras, una especialidad que en la actualidad cubren los médicos de familia en no pocos centros de salud.

“Madrid es la segunda comunidad autónoma que menos invierte en sanidad por habitante -recuerda Pepe Cabanillas, responsable de Sanidad de la FRAVM-. La región destina 1.108 euros por persona al año, 236 menos que la media estatal. Un 18% menos. Y eso -concluye-, sumado a las crecientes partidas presupuestarias destinadas a financiar la sanidad privada se está dejando notar en la calidad de la asistencia que reciben las vecinas y vecinos de nuestra región”.

De los 55 centros de salud comprometidos por Esperanza Aguirre que, según su programa electoral podrían ampliarse a 76 en función de la disponibilidad de suelo, 28 siguen en el aire. Entre ellos los de Las Tablas, Boadilla, Montecarmelo, Navalcarnero, Las Margaritas (Getafe), Rivas Vaciamadrid, Leganés (Arroyo Culebro), San Fernando de Henares, Comillas, Abrantes y Paseo 15 de Mayo (Carabanchel), Simancas (San Blas) y Adelfas (Retiro), varios de los cuales tienen redactados los proyectos y cuentan con suelo disponible, cedidos por los respectivos ayuntamientos a tal efecto.

“Sumamos a esto la congelación de la contratación de personal sanitario, una congelación que, en la práctica, se traduce en la disminución de los profesionales disponibles ya que no se cubren las bajas ni las jubilaciones. Todo ello -añade Cabanillas- ha incrementado de forma notable las listas de espera, que en algunos centros de salud, como el de Orcasitas (Usera) o Las Rejas (San Blas), afecta ya a los médicos de cabecera”.

La falta de personal sanitario ya fue denunciada por el Defensor del Paciente, que cree necesario doblar el número de enfermeros existentes hasta los 50.000 y contratar, al menos, 1.800 médicos más.

MANIFIESTO:

MANIFESTACIÓN POR UNA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD

1 de junio de 2010

¿Por qué será que nada más y nada menos que 1.700.000 madrileños están descontentos y descontentas con la gestión de la sanidad pública realizada por el Gobierno de Esperanza Aguirre?

¿Cómo es que la sanidad madrileña es la peor valorada del Estado español y, sin embargo, la mayoría de los madrileños siguen prefiriendo los centros públicos frente a los privados?

Pues será porque la sanidad pública madrileña, a resultas de los ataques perpetrados por la Administración Aguirre, está seriamente deteriorada, pero aún es preferible a la alternativa privada que tratan de imponernos.

Pero, ¿cómo es esto posible?¿Cómo es que aún os resistís a los cantos de sirena de la sanidad privada y a los encantos y espejismos de la gestión privada de los recursos sanitarios?

Porque aún preferimos ser ciudadanos y ciudadanas ejerciendo los derechos que hemos conquistado que clientes de una empresa multinacional que ha de calcular el debe y el haber antes de decidir cómo y de qué curarnos.

Porque nos resistimos a poner algo tan valioso como nuestra salud en manos de los CAPIO, los Sacyr y los especuladores cuya avaricia está detrás de la denominada crisis que tanto sufrimiento está causando y a quienes el Gobierno de Esperanza Aguirre se empeña en entregar nuestros derechos fundamentales.

Porque ya hemos comprobado que la gestión privada supone despilfarro del dinero público en beneficio de las cuentas corrientes de muy pocos y en detrimento de los recursos y la calidad de los servicios públicos.

Así lo prueba el hecho de que los madrileños pagaremos hasta cinco veces más por los nuevos hospitales que si hubieran sido construidos y gestionados íntegramente por el Gobierno regional. Dinero y recursos que saldrán de los presupuestos sanitarios para ir a las arcas de las empresas adjudicatarias.

Dinero y recursos que se restarán de la construcción de los más de 55 centros de salud que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tenía comprometidos.

Dinero y recursos que se restan de la contratación de los 1.800 médicos, 25.000 enfermeras y enfermeros y el personal administrativo necesario para hacer frente a las necesidades sanitarias de la ciudadanía.

Dinero y recursos de los que se priva a la sanidad pública, provocando el deterioro del servicio y de las instalaciones; el aumento de las listas de espera, que ya están afectando a las citas con el médico de cabecera y a la precarización de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios...

La reciente imposición del decreto de Área única no es más que una medida administrativa dirigida a adaptar al sistema sanitario madrileño a las exigencias del mercado, alejando los centros de decisión de la realidad cotidiana de los usuarios y usuarias y erosionando gravemente la capacidad de una planificación que responda a las necesidades reales de la población.

Exigimos, por tanto, al Gobierno regional que retire el decreto y rediseñe el mapa sanitario de manera consensuada con los agentes sociales, profesionales y usuarios y usuarias, atendiendo a criterios sanitarios y sociales de manera que los recursos se distribuyan de forma equilibrada para dar cobertura a las verdaderas necesidades de la población.

Pedimos, además, el desarrollo de un Plan Integral de Salud de la Comunidad de Madrid que contenga medidas urgentes dirigidas, entre otras, a la reducción real de las listas de espera.

Tampoco podemos obviar el hecho de que la existencia de la Ley estatal 15/97 de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad es el suelo abonado para la transformación del sector público sanitario en una nueva y apetitosa cantera de negocios. Reivindicamos, por tanto, su derogación, así como una reforma de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid dirigida a garantizar una atención sanitaria de calidad y el carácter público de la sanidad madrileña.

Reclamamos la construcción de los 28 centros de salud de los 55 comprometidos por el Gobierno de Esperanza Aguirre que, a un año del final de la legislatura, aún están en el aire; la contratación del personal médico necesario para atender las necesidades de la población (1.800 médicos y doblar el número de enfermeros y enfermeras) y, en definitiva, una mejora sustancial de la dotación de recursos humanos y materiales a la Atención Primaria y Especializada.

NO vamos a aceptar que especulen también con nuestra salud. NO vamos a aceptar que nos hagan pagar (o co-pagar) por un derecho que hemos conquistado y que nos pertenece. Las administraciones deben tomar ya las medidas oportunas para garantizar su carácter público, universal, gratuito y de calidad.

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)

Apoyan:

Coordinadora de Equipos de Atención Primaria, la Plataforma 10 Minutos, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Sindicato de Sanidad-CGT, las plataformas en defensa de la sanidad pública del Henares, de Rivas, Leganés, la Asociación de Profesionales de Informática de la Sanidad de la Comunidad de Madrid (APISCAM), la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), PSM-PSOE e IU.