Representantes de entidades de Madrid, Pamplona, Bilbao y Valladolid que forman parte de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética se dieron cita esta mañana con el director general de Salud Pública y Sanidad Exterior y el subdirector de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de Sanidad. Ambos responsables se comprometiron a abrir cauces formales de diálogo con los representantes de la Plataforma al objeto de estudiar las reivindicaciones trasladadas por las más de sesenta organizaciones de todo el Estado que forman parte de la misma, entre ellas la de crear un observatorio interministerial integrado por Sanidad, Industria y Medio Ambiente que cuente, asimismo, con participación de expertos y representantes de movimientos sociales, para modificar la legislación que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, las restricciones a las emisiones radioeléctricas y las medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

La Plataforma recuerda que el 80% de las cerca de 25.000 investigaciones realizadas desde 1999 para determinar las consecuencias de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud de las personas han detectado efectos no térmicos que aconsejan limitar de forma restrictiva los límites de emisión máximos permitidos. En esta línea, el 2 de abril de 2009 el Parlamento Europeo dictó una recomendación en la que establecía las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos a tener en cuenta en las legislaciones estatales. Hasta el momento, el Ejecutivo español ha hecho caso omiso a la recomendación europea.

En España, recuerda la Plataforma, hay cerca de 350 ordenanzas municipales que regulan los límites de emisión máximos por debajo de los niveles establecidos en el RD 1066/2001, a las que hay que añadir las de las comunidades autónomas de Castilla la Mancha, Cataluña, Navarra y el País Vasco, considerablemente más restrictivas que la estatal. A juicio de los portavoces de la Plataforma, parece razonable legislar para evitar la incertidumbre y confusión derivadas de los distintos niveles de protección de la población reduciendo los límites a 0,1 µW/cm2, el nivel recomendado por el informe BIOINITIATIVE.

Los responsables del ministerio de Sanidad también han prestado oidos a la necesidad de estudiar la posibilidad de considerar la electrosensibilidad como enfermedad, siguiendo el ejemplo de Suecia, país en el que la cifra de afectados asciende a 250.000 personas. Según varios estudios, entre el 3% y el 5% de la población europea padece esta afección.

Por último, han anunciado que están trabajando en la elaboración de un protocolo a trasladar a la red sanitaria pública para establecer las actuaciones referidas a las contaminación electromagnética.