La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucí­a (FACUA) denuncia que el proyecto de modificación de la Ley de Comercio Interior de Andalucí­a aprobado ayer por el Consejo de Gobierno supone un paso atrás en aspectos importantes de la regulación del comercio al tratarse de un texto elaborado de espaldas a los representantes de los consumidores. FACUA advierte que, contrariamente a lo anunciado ayer por la consejera de Economí­a y Hacienda, Magdalena Álvarez, los cambios a la Ley no han sido consensuados con todos los agentes económicos y sociales porque se han dejado al margen a las organizaciones de consumidores, cuyas alegaciones principales no se han tenido en cuenta.

La Federación indica que el consenso sólo se ha alcanzado con los sindicatos y los empresarios, mientras que a los representantes de los consumidores se les ha negado la participación en el debate de fondo sobre la ley. Pese a su petición de participación, el Consejo de los Consumidores y Usuarios (CCU) de Andalucí­a, máximo órgano de representación y consulta de los consumidores, fue excluido de la mesa de negociación donde la Consejerí­a de Economí­a, los empresarios y los sindicatos se sentaron a negociar las modificaciones en la Ley.

FACUA critica que se haya roto el consenso con el que Administración, empresarios, sindicatos y asociaciones de consumidores habí­an negociado una Ley, aprobada en 1996, nacida fruto de las reivindicaciones de todos los agentes que intervienen en el comercio.

De aprobarse en el Parlamento, los cambios supondrán una reducción del 400% en la cuantí­a de las sanciones que se impondrán a quienes incumplan la norma. Las multas pasarán de un mí­nimo de unos 600 euros y un máximo de aproximadamente 601.000 euros a un arco de entre unos 150 y 150.250 euros.

Además, los expedientes sancionadores sobre infracciones leves se archivarán si el silencio administrativo se prolonga durante seis meses, en lugar del año establecido actualmente, lo que puede favorecer numerosos archivos dado el déficit de personal de la administración dedicado a estas tareas.

También la regulación de las rebajas saldrá afectada negativamente, al eliminarse la obligación de identificar claramente el precio antiguo y el rebajado de los productos; con las modificaciones de la norma, tan sólo será obligatorio indicar el porcentaje de descuento aplicado.