La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) aplaude la decisión del Ministerio de Sanidad de crear un organismo autónomo para solventar los problemas económicos de Sanidad y sobre todo coordinar la gestión de los 17 sistemas autonómicos.

“Según el borrador de la nueva Ley de Salud Pública se fija como objetivo la reducción de las desigualdades territoriales, sociales, culturales y de género, y la creación de este organismo sería un paso muy importante. Y es que una persona que esté enferma debe tener las mismas posibilidades de tratamiento, recursos sanitarios y atenciones, independientemente de la comunidad autónoma en la que viva”, destaca Mario García, presidente de la entidad.

La creación de este dispositivo administrativo es una de las grandes metas de la Ley Estatal de Salud Pública, el siguiente paso legislativo que va a dar la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, desde su ministerio, tras el último decreto-ley para el recorte económico sanitario.

El nuevo órgano podría asumir tareas de apoyo a las comunidades en el desarrollo de sus competencias en salud pública, prestándoles personal técnico o servicios de laboratorio en situaciones que lo hagan necesario, Además gestionaría las redes de alerta sanitaria, la planificación de la Salud Pública mediante la formación de una estrategia, planes de acción y la elaboración de un informe de salud de los españoles. Y es que el propio departamento de Jiménez admitía que la regulación vigente se encontraba desfasada y reconocía los problemas que causa la descentralización para la gestión de esta área.

Estas medidas, sumadas a los pasos que se están dando desde el ministerio, para la creación de un auténtico espacio sociosanitario, con el anuncio el pasado mes de febrero de la creación de un Libro Blanco que permita mejorar la coordinación del sistema sanitario y del sistema de apoyo social, “son un buen punto de partida para intentar mejorar la situación de nuestro colectivo y parecen responder a las expectativas que el sector de la discapacidad tenía en el momento de la unión de las competencias en materia de sanidad y política social en un único Ministerio”, según García.

“Muchas de las carencias que padecen las personas con discapacidad y sus familias en sus condiciones de vida vienen motivadas por la rígida separación que existe entre los servicios sanitarios y los de bienestar social en España y también, en muchos casos, la descoordinación entre ambos sistemas ha restado efectividad a las actuaciones y ha afectado de modo negativo a las personas que necesitan ambos servicios de forma conjunta y simultánea. Todavía queda mucho por hacer pero parece que se están dando pasos adecuados para solucionar estas situaciones”, añade.