La OCU ha decidido recurrir la decisión de la Administración por la que se establece que no es responsable de los daños que, según la OCU, sufrieron los clientes por la desaparición de la tarifa nocturna.

La Organización presentó en 2009 una reclamación ante el Ministerio de Industria solicitando el pago de indemnizaciones derivadas de las adaptaciones que miles de usuarios tuvieron que hacer en sus hogares para beneficiarse de la tarifa nocturna que posteriormente fue eliminada. Frente a la decisión del Gobierno de no asumir el pago de estos perjuicios a los usuarios la OCU se ha visto obligada a presentar una demanda reclamando la responsabilidad patrimonial de la Administración.

La OCU reclama una cuantía de 149.203 €, en representación de 382 consumidores que, basándose en las expectativas generadas por las normas publicadas por la Administración, invirtieron importantes cantidades en las instalaciones eléctricas de sus hogares.